La política moderna
nace en Europa con el surgimiento del Estado en el siglo XVI en el contexto de
las divisiones políticas y los conflictos religiosos que siguieron al derrumbe
del mundo medieval, y las nuevas controversias en torno a la naturaleza de la
autoridad política (Held, D.: 1997, 53). La aparición del Estado logró imponer
un orden legal que hizo aceptable la relación de subordinación de los
gobernados hacia los gobernantes. Norberto Bobbio define el Estado como “un
ordenamiento jurídico para los fines generales que ejerce el poder soberano en
un territorio determinado, al que están subordinados necesariamente los sujetos
que pertenecen a él” (Bobbio, N.: 1996, 128). De acuerdo con esta
definición, la noción de Estado supone la integración de tres grandes
componentes: el pueblo, el territorio y, para decirlo en términos de Max Weber,
el monopolio de la violencia legítima, es decir el uso de la fuerza pública.
Este último componente es el que oficia como factor insustituible para la configuración
del Estado. Lo paradójico de la fuerza pública del Estado consiste en que su
razón de ser es evitar otro tipo de violencia: la violencia ilegítima, es decir
esa violencia que se ejerce sin la aceptación ni el consenso necesario de parte
de quienes están dispuestos y expuestos a padecerla.
Desde sus orígenes la
función política del Estado fue tomar decisiones colectivamente
vinculantes. Para consolidarse como autoridad política y estar en
condiciones de cumplir con su función el Estado necesita ejercer el poder.
En sentido amplio, se define el poder como la capacidad de influir en los otros
de manera tal que lleven a cabo acciones que de otro modo no harían. En sentido restringido, el poder político
se caracteriza por hacer que esa capacidad de influencia sea negativa. Esto
significa que el poder político funciona como amenaza, es decir, como un
“mecanismo de anticipación” que está ahí y que se exhibe, pero para no
ejercerlo positivamente. Por eso, el ejercicio del poder político para usar la
violencia legítima es sólo una forma de influencia de última instancia.
La forma
política Estado, entre el siglo XVI y mediados del siglo XX, evoluciona en
la dirección que le imponen los problemas surgidos de la relación que mantiene
con otros sistemas de la sociedad pero, principalmente, con el sistema
económico y con el sistema jurídico. Distintos autores ofrecen clasificaciones
y tipologías diversas para describir esa evolución pero, simplificando un poco
las cosas, se pueden distinguir cinco grandes formas de Estado dentro de ese
largo período de la política moderna:
*
El Estado absoluto. Entre el siglo XVI y fines del siglo
XVIII toma forma el Estado absoluto que presenta dos características
distintivas en la concepción del poder. La primera de esas características es
la concentración. En este aspecto el poder recae únicamente en la figura
del Rey o monarca que ejerce la soberanía dictando leyes colectivamente
vinculantes, usando de manera exclusiva la fuerza tanto en el ámbito interior
como en los conflictos con otros Estados, e imponiendo tributos. La otra
característica de esta concepción del poder es la centralización que
supone la capacidad del Estado de subordinar a cualquier otro ordenamiento
jurídico (comercial, corporativo o particular) a su poder soberano y a
legitimarlos sólo si son reconocidos por él (Bobbio, N., 160-161). Con estas
dos características esta forma de estado resolvió un problema de dispersión
territorial y del poder.
*
El estado liberal-representativo.
Desde fines del siglo XVIII las revoluciones liberales aportaron un nuevo
diseño de Estado mínimamente implicado en la regulación de la actividad social,
respetuoso del libre comercio, y garante de ciertos derechos individuales, es
decir, derechos que, a partir de entonces, están protegidos por la ley. Para
fines del siglo XIX el desarrollo del Estado representativo coincide con las
fases sucesivas de la ampliación de los derechos políticos hasta el
reconocimiento del sufragio universal masculino y femenino. Esto exige la
formación de partidos organizados y modifica profundamente la estructura del
Estado representativo. Esta alteración en la forma de representación llevó a la
transformación política del Estado representativo en Estado de partidos
en el que los sujetos políticos relevantes ya no son los individuos sino los
grupos organizados alrededor de intereses generales o, más específicamente, de
intereses de clase. La regla de la mayoría orienta a los órganos que tienen a
su cargo tomar las decisiones colectivamente vinculantes, pero con el tiempo
esa orientación termina por tener un valor formal de ratificación de decisiones
tomadas en otro lugar mediante procedimientos de acuerdos y consensos de los
grupos “representativos” (Bobbio, N.: 1996, 163-164). El estado
liberal-representativo resuelve un problema de representatividad y de
inclusión social.
* El Estado de bienestar. Se
consolida hacia mediados del siglo XX y comienza a mostrar signos de
agotamiento a principios de la década del setenta. El Estado de bienestar se
caracteriza por exhibir un “desbordamiento” de sus funciones al intentar
resolver desde la política problemas propios de otros subsistemas (sobre todo
del subsistema económico y del sistema de seguridad social) sin contar con los
recursos ni con las posibilidades de llevar adelante esa tarea. Eso hace que el
Estado de bienestar adquiera un funcionamiento expansivo incrementando sus
intervenciones sobre otros ámbitos de la sociedad y, de ese modo, expandiendo
también la cantidad y la magnitud de los problemas. Sobre el final del siglo
veinte esta dinámica es la que lleva al Estado de bienestar a una situación de
crisis que se prolonga hasta nuestros días. Esta forma de Estado intenta
resolver un problema de distribución.
* El Estado
neoliberal. Sobre finales del siglo XX y principios de este siglo, como respuesta
a ese estado de crisis, se impuso la fórmula del Estado neoliberal que
retoma la senda del Estado mínimo pensado por los teóricos del liberalismo
político de los siglos XVII y XVIII, pero con un mayor énfasis en la
desregulación de la actividad económica en general, de los mercados financieros
en particular, y en la prescindencia de cualquier intervencionismo (propio del
Estado de bienestar) sobre todo, en materia de asistencia social y preservación
de derechos individuales y colectivos. En este caso se trata de un problema
de regulación según la óptica de quienes fomentan este nuevo formato de
Estado.
*
El Estado privatizado. Según
Béatrice Hibou en nuestra época "la función económica de los Estados -nación es ya obsoleta o cuanto
menos muy marginal" (Hibou, B. 2013, 15). Sin embargo, lo que caracteriza a
esta noción no es la primacía de lo privado sobre lo público, ni tampoco la retirada
del Estado. Más bien lo que ocupa el centro de este formato es la presencia
casi insustituible de la negociación
como categoría permanente entre el lo público y lo privado y la delegación de funciones que otorga a los
privados una nueva reconfiguración de las condiciones de poder (ejemplos
concretos son la delegación de funciones de seguridad y el asenso de los
prestanombres y los intermediarios dentro de esta nueva lógica. de
empoderamiento). En esa atmósfera la relaciones de poder adquieren un nuevo
significado: "… los contratos o
acuerdos, formales o informales, entre el Estado y los actores privados no
están hechos para durar; son, por el contrario, voluntariamente inestables, casi
volátiles, secretos, y tienen que renegociarse constantemente". (Béatrice
Hibou: 2013, 37). En pocas palabras, lo que define esta nueva forma de Estado
es la relación entre lo público y lo privado, el carácter siempre tenso de esa
relación que exige un ir y venir constante entre conflicto y negociación y, por
último, el control indirecto por parte del gobierno de ese estado de situación
permanente. Para Hibou “la privatización de los Estados”.... traduce los
procesos concomitantes de ampliar la participación de intermediarios privados a
un número creciente de funciones que antes correspondían por derecho al Estado,
y de una nueva distribución de este último… En este contexto, las puertas
están abiertas y la mesa está servida para el negocio del crimen organizado en
la política y la economía.
Bibliografía
citada
Bobbio, Norberto
(1996): Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política.
México, Fondo de Cultura Económica.
Held, David (1997): La democracia y
el orden global. Del Estado moderno al gobierno cosmopolita. España,
Editorial Paidós.
Hibou, Béatrice (2013): De la
privatización de las economías a la privatización de los Estados. Análisis de
la formación continua del Estado. México, Fondo de Cultura Económica.
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