El periodismo y la justicia por pluma propia

Me gustan Foucault y Sloterdijk porque además de su preciosa erudición tienen esa fantástica percepción para poder extraer de un hecho, un acontecimiento, una obra de arte o una frase  puntual, la punta del ovillo que les permite luego desenredar la madeja y exponer frente a nosotros un estado de época, un problema filosófico o una condición de la sociedad. Quienes leyeron "Las palabras y las cosas" recordarán la remisión al texto de Borges y a "Las meninas" de Velázquez o, en "vigilar  y castigar",  el  inicio con la exposición de la condena del  caso Damiens, en 1757. Sloterdijk comienza su libro " Los hijos terribles de la edad moderna" con el recuerdo de una ocurrencia de Madame de Pompadour en una reunión social, curiosamente también en 1757, que luego se popularizó hasta llegar a nosotros: "después de nosotros el diluvio".

Por supuesto no pretendo ponerme a la altura de esos dos intelectuales. Hasta me ruboriza citarlos como pretexto para comenzar mi nota. Pero después de leer "Cristina presa", la columna de Jorge Lanata del sábado 23 de julio de 2016 en el diario Clarín, me dije que tenía que usar ese formato para dejar constancia documentada de lo que desde hace ya un tiempo se sostiene sobre el poder del periodismo para juzgar y condenar como un poder judicial paralelo, del tipo como el que en tiempos más nefastos llevaron adelante los poderes  paramilitares para ejecutar a sus víctimas por afuera de los marcos institucionales. Tómese esto como una analogía y no como una relación de igualdad. Si lo entendemos así hemos avanzado un montón, tal como le pasó a Freud cuando supo que los nazis quemaron sus obras y se alegró porque, se dijo a sí mismo, en otro momento me hubieran quemado a mí.

No creo que hacia atrás o hacia adelante podamos encontrar un documento mejor para que la historia cuente con un ejemplar del poder jurídico del periodismo político de nuestra época.  Cuando ustedes lo lean verán que la frase que da el título a esta nota es la sentencia con la que el periodista termina su columna. No vale la pena intentar un análisis de los considerandos que le permiten a él dictar sentencia. Sería entrar en el juego propuesto de nuestros días que consiste en enfrascarse en disputas interminables acerca de quién es más malo, más corrupto, más venal, más traidor, más panqueque, etc., etc. Verán que hay argumentos extraídos de los más diversos campos: jurídico (el "cumplimiento de la ley") político (la opinión de personajes políticos sobre el tema: Solá, Ocaña, Conti y las crónicas del momento), retórico (el uso de argumentos ad hominem y de modestas ironías), histórico (Juana de Arco, "la mentira setentista"), cultural, literario o cinematográfico (cita una película de Tarkovski, -"El sacrificio"-). Ninguno de ellos, sin embargo, tiene mayor peso que el de la opinión sobre los mismos asuntos que pudiera expresar cualquiera de nosotros, sólo que, ninguno tiene semejante atril para decir lo suyo. Lo que importa es que una vez que junta todos sus pareceres dicta sentencia: "Por eso Cristina tiene que ir presa".

Lo que tiene de valioso la columna es su carácter testimonial de un estado de situación del  cual se habla mucho pero que, hasta donde llega mi información, hasta ahora no contaba con una sentencia escrita como ésta. Es cierto, unos días antes, Alfredo Leuco también firmó la sentencia y nos dio su palabra pero en un editorial televisivo. A mi juicio, la  columna de  Jorge Lanata tiene la fuerza de la escritura capaz de hacer que la historia la utilice para explicar más adelante en qué consistió el poder judicial o jurídico del periodismo en los inicios del siglo XXI.

Pero el carácter jurídico y corporativo del periodismo no termina ahí. En la nota de Horacio Verbitsky del domingo 24 de julio de 2016 leemos lo siguiente:

Las demandas de la ex presidente CFK contra periodistas y diputados que formularon acusaciones temerarias en su contra no son el mejor camino para quien ocupó la máxima posición institucional durante ocho años, durante cuyo transcurso cumplió con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y despenalizó los delitos de calumnias e injurias en casos de interés público. La ley dictada en 2012 como culminación del caso Kimel suprimió la sanción penal y dejó abierto el camino para las acciones civiles por daños, pero con las condiciones que fija la vasta jurisprudencia en materia de libertad de expresión consolidada por numerosos pronunciamientos de los sistemas americano y europeo de protección de los derechos humanos. Cristina ya no es funcionaria y se declara cansada de que digan cualquier cosa de ella y de sus hijos. Pero haber salido del gobierno no la convierte en una persona privada, ya que se debaten actos de interés público realizados cuando lo presidía. Quienes lo señalan son o legisladores en ejercicio de sus funciones o periodistas que ejercen la libertad de expresión, un derecho indispensable para la existencia de una sociedad democrática, según aquella jurisprudencia. Esto no cambia por el carácter burdo y malintencionado de las diatribas que padece, ya que los principios y derechos se defienden aun cuando su ejercicio sea repugnante, porque está en juego el interés colectivo superior de proteger un debate político robusto y desinhibido. En el caso de informaciones falsas, la Convención Americana de Derechos Humanos contempla el derecho de réplica o rectificación, que puede ser exigido judicialmente (las cursivas son mías).

Si entiendo bien el fondo del argumento de Verbitsky, en virtud del sacrosanto derecho a la libertad de expresión la corporación periodística judicial queda a buen resguardo y se posiciona por encima del peligroso y auto-concedido poder de juzgar y condenar (o exculpar)  que esa misma corporación ejerce públicamente sin que haya ninguna restricción que se lo impida como no sea la de creer en la ingenuidad que el mismo Verbitsky menciona de, en caso de resultar uno afectado, exigir judicialmente el derecho a réplica o rectificación como si esa posibilidad estuviera exenta de ser manipulada u orientada por ese mismo poder periodístico judicial o por los otros poderes del estasblisment. En cuanto al "interés colectivo superior de proteger un debate político robusto y desinhibido", me siento en peores condiciones que Diógenes en busca del hombre para dar con un ejemplar de discusión política que reúna las cualidades que menciona el periodista.

Dos consideraciones finales. La primera tiene que ver con la imposibilidad real de modificar este estados de cosas simplemente porque pertenece a un componente estructural de la época en lo que se refiere en la construcción y transmisión de formatos y contenidos culturales. Los periodistas ocupan hoy el centro de la escena en la que se definen las formas masivas de pensamiento y opinión. Como en otro tiempo lo ocuparon los filósofos, los monjes, y los profesores y maestros, ahora les toca a ellos llevar adelante esa función dentro de la estructura de poder del momento.  Es poco probable que las redes sociales puedan quitarle ese lugar a los periodistas en el mediano plazo.

La segunda consideración me permite recordar que llamar la atención sobre esto no es nada original. Cualquiera puede remitirse a textos de autores de mayor fuste para profundizar acerca de los peligros del ejercicio del periodismo moderno. Karl Kraus ("contra los periodistas y otras contras"), Pierre Bourdieu ("sobre Karl Kraus y el periodismo" y "La influencia del periodismo", Umberto Eco ("Crítica del periodismo", además de su novela "Número cero"), Pierre Rosanvallon ("La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza"), Niklas Luhmann ("La política como sistema" y "La realidad de los medios de masas") pueden ser un buen punto de partida para empezar a leer sobre este mal de la época y entender el problema dentro del cual estamos nosotros encuadrados.