El carácter autorreferente, auto-reproductivo
y operacionalmente cerrado de los sistemas sociales permite comprender las
transformaciones producidas desde el inicio de la modernidad tardía, segunda
modernidad o posmodernidad (digamos desde el último cuarto del siglo XX) en la
política y la economía.
Tanto el
sistema político como el sistema económico moderno se auto-reproducen a partir
de sus propias operaciones. En el caso de la política la operación que le es
propia es la comunicación de decisiones colectívamente vinculantes, por lo
general emanadas desde el gobierno. Esas decisiones generan dentro del sistema
político otro tipo de comunicaciones (debates, protestas, denuncias, etc.) propias
de los otros actores del sistema (legisladores, movimientos sociales,
oposición, medios masivos de comunicación, etc.) que dan lugar a la toma de
nuevas decisiones que renuevan el ciclo de comunicación política y de esa
manera dinamizan el sistema cerrándolo sobre sí mismo y haciéndolo
autorreferente. Esto último significa que, como resultado de esa manera de funcionar, el sistema, en vez de operar teniendo en cuenta lo que pasa en su entorno,
es decir, afuera de la política, termina por referirse a sí mismo con cada una
de sus operaciones. Lo que el sistema político necesita es que haya siempre comunicación interna
entre los actores del sistema y no, como se supone, que resuelva problemas que
forman parte de su entorno externo. Al estar tan ocupado en ese aspecto, el
sistema deja de lado los problemas verdaderos de la sociedad (los problemas
económicos, los problemas educativos, los problemas ecológicos, etc.). Los
problemas pueden esperar mientras la política produce comunicación para seguir
hablando sobre ellos. Con la misma lógica, el
sistema económico se auto-reproduce mediante la producción continua e interminable
de elementos del sistema (pagos) a través de su medio de comunicación
específico: el dinero. Al constituirse los pagos en el elemento insustituible
para que el sistema mantenga su continuidad, deja de tener importancia el valor
de lo que se está pagando, los problemas y tribulaciones de la gente, o las
dificultades por las que atraviesan la educación, la salud, el mercado
inmobiliario, etc.
Ahora bien,
ni las decisiones vinculantes ni los pagos llevan consigo alguna carga moral,
ni siempre responden a coerciones normativas que los incline a operar sólo con
el lado bueno o legal de las operaciones. Por eso hay que admitir que adentro
de los sistemas todo puede pasar, aún lo que desde afuera de ellos pueda
evaluarse como malo, negativo inmoral o ilegal. A pesar de lo que a todos nos
gustaría, las decisiones seguirán siendo lo que son a pesar de que con ellas
puedan buscarse efectos que beneficien deliberadamente a unos en perjuicio de
otros, y los pagos seguirán siendo pagos con independencia del "valor"
moral o legal de la contraprestación recibida. Atentos a esto, deberíamos
considerar con mayor atención las tres grandes transformaciones, entre otras de
menor impacto que se produjeron en la política y la economía en los tiempos de
la modernidad tardía:
1. la propensión
al riesgo
Una de las características de las decisiones políticas es la
imposibilidad de prever sus efectos. Por un lado esa característica estructuró
el espacio social alrededor del eje del riesgo e hizo que fuera
un espacio evaluado en términos de seguro/inseguro. La contrapartida del riesgo
que se asume en cada decisión es la búsqueda de seguridad que se pretende
alcanzar y que nunca termina de concretarse. Por otro lado, ordenó a los actores
sociales alrededor del eje que define su ubicación en relación con
la toma de decisiones y los dividió en decisores y afectados. Lo
distintivo del sistema político actual es que se politizan los riesgos que los
decisores toman en nombre de los afectados. En este nuevo contexto se pone en
marcha el circuito de la política moderna: ante una situación conflictiva o
riesgosa los decisores toman decisiones que afectan a los demás. Los afectados
le piden a la política que enderece el rumbo, ante los posibles desastres que
pueden acarrear esas decisiones. Conciliar la posición y los intereses de los
decisores y los afectados requiere que los decisores acepten que trabajan o hacen
su trabajo en situaciones bajo riesgo permanentes y los afectados asuman que ya
no es posible reclamar vivir en situaciones bajo seguridad. En un contexto de
este tipo, se invoca el diálogo que ahora significa aceptar el riesgo, contar
con que el otro entiende las condiciones del caso y flexibilizar las posiciones
para reformular las exigencias y los argumentos. En nuestro tiempo, a todo este
juego, a toda esta representación se la llama Democracia.
Los riesgos económicos se definen por las
diferencias de tiempo y velocidad en la utilización y circulación del dinero.
Son riesgos de futuro. Estos riesgos nacen de la posibilidad de que los
proyectos que las empresas elaboran para llevar adelante sus negocios no salgan
como esperaban. En este sentido los riesgos están relacionados con la inversión
y el crédito. La inversión puede que no dé los resultados que se esperaban y
entonces las deudas contraídas no se puedan pagar. Esta posibilidad hace que
los proyectos lleven consigo una cuota de incertidumbre. Lo que ocurre es que
las incertidumbres no tienen un valor. Por eso, las empresas tienen que ponerle
alguno a sus incertidumbres y eso significa transformarlas en un riesgo
calculable. Una vez que el riesgo tiene un “valor”, entonces es posible
comercializarlo en los mercados financieros donde se negocian esa clase de
productos. Esa reformulación se impuso de dos maneras: una para los grandes
inversores y otra para la gente de menores recursos. Las grandes empresas
trasladaron su predisposición al riesgo de la economía de producción al mercado
financiero y de acciones. Dentro de ese mercado intervienen operadores que
compran y venden los riesgos asegurados con la expectativa de que en el futuro
sean menos los riesgos que se concreten y más los que no tengan su peor
desenlace. Se genera así un “mercado secundario de riesgos”, dentro del cual un
primer comprador le vende a otro, y este a un tercero, y así sucesivamente
aquellos riesgos asegurados originalmente, pero distorsionando en cada
operación el precio de venta incorporándole las creencias del vendedor respecto
de la posibilidad de que ese riesgo se materialice. Las condiciones económicas
instauradas en el último cuarto del siglo XX también se volvieron propicias
para reformular la estructura del sistema económico en función de la nueva
realidad de los sectores populares. Junto con el surgimiento de los mercados
derivados y futuros para los más ricos, se instaló con fuerza una forma de
riesgo consistente en el crecimiento de los mercados de crédito para gente
de medianos y bajos ingresos. El
mejor ejemplo de esto es la expansión del uso de tarjetas de crédito en todos
los segmentos de la población.
2. la estabilización
de la informalidad
La comunicación
política (el incremento de decisiones que, por sus efectos exigen tomar nuevas
decisiones) y la comunicación económica (interminable cadena de pagos que
permiten y reclaman la realización de otros pagos) aumentan la complejidad de
los dos sistemas. La informalidad es, en un principio, un instrumento de
simplificación o de reducción de complejidad. En su evolución se incorpora como
un "mal necesario" de ambos sistemas que al normalizarse,
naturalizarse y generalizarse pasa a formar parte de sus respectivas
estructuras. La estabilización de la informalidad confronta con el cuerpo
normativo e institucional que regula el funcionamiento legal de los dos
sistemas y termina por convertirse en un subsistema dentro de la política y la
economía. Dicho de otro modo la informalidad deja de ser un desvío y se
convierte en un componente normal del funcionamiento político y económico.
Frente a la
política formal que está orientada por reglas y por instituciones legítimamente
constituidas, se posiciona la política informal que, por definición, es
modificadora de reglas y “evitadora” de los caminos institucionales. La política
informal se define por la cercanía y frecuencia de los contactos entre
funcionarios y actores que no forman parte del núcleo sistema político (sobre
todo los MMC y las corporaciones), pero que tienen influencia sobre él desde el
lugar que ocupan en la periferia. Los contactos se vuelven decisivos para
llevar adelante esas “prácticas de anticipación” propias del ejercicio del
poder.
La corrupción
política presenta una dimensión coyuntural definida por el logro
inmediato de un beneficio de pequeña escala o pasajero (como contraprestación
de una remuneración clandestina y del momento), y otra dimensión estructural
definida por la permanencia de relaciones recíprocas entre empresas, partidos
políticos e instituciones del Estado. El eslabón que une la corrupción con las
instituciones del Estado y de los gobiernos es el funcionario público.
El funcionario público corrupto es el que abre la puerta de las instituciones
públicas al cliente que, en gran escala y de forma corporativa con otros
grandes beneficiarios, pueden terminar apropiándose del Estado. Y una de las
llaves principales para abrir esa puerta es el soborno, uno de los mecanismos
principales de la corrupción.
La liberalización y
desregulación de los mercados (tanto de bienes y servicios como de dinero) le
abrió las puertas de la economía a la informalidad integrada por actividades que generan ingresos fuera del marco
regulatorio del Estado y tienen similitudes con las que se llevan a cabo dentro
de la economía formal. Aquellas transformaciones posicionaron a la
informalidad como un componente más de la estructura del sistema económico contemporáneo.
La informalidad, dentro del sistema económico presenta dos vertientes
estrechamente entrelazadas:
a. La informalidad económica propiamente dicha es la que procede de la producción de bienes y servicios por
afuera de los mecanismos de regulación legal y fiscal por parte del Estado y la
consecuente comercialización de esa
producción en el mercado negro, pero también en el mercado legal. Por eso las economías formal e
informal están entrelazadas. Empresas que operan en la economía formal compran,
venden y contratan en la economía informal. Por lo tanto, la informalización de
la economía no queda circunscrita a un tipo de actividad (aunque es cierto que
algunas, como la textil o la construcción son las que más utilizan esta vía);
tampoco está compuesta por un grupo de sectores específicos, ni es sólo una
actividad estratégica de supervivencia de los sectores más humildes. Más bien
lo que la define es la transgresión de los límites impuestos desde la
regulación del Estado.
b. La informalidad financiera es el
complemento necesario de la informalidad económica. Como sabemos, el dinero se
usa para comprar y vender bienes y servicios, contratar mano de obra y pagar deudas. Sin embargo, distintos
dineros están en relación con distintos mercados. El dinero legal
circula en los mercados legales y en la mayor parte de los circuitos que
integran la economía formal (la economía formal, como vimos, también se
entrecruza con la informal). El dinero informal es el que circula en el
mercado negro de dinero y, una variante de éste, es el dinero sucio que
está en relación con mercados criminales e ilegales.
3. la
expansión del crimen organizado en la estructura de los dos sistemas.
La criminalización del sistema político es
el resultado del vínculo que existe entre los políticos (desde funcionarios de
los gobiernos pasando por los legisladores hasta llegar a la oposición) y las
organizaciones mafiosas. En general, la organización mafiosa trata de no
confrontar con la política. La lógica que guía sus relaciones con el Estado es
“vivir y dejar vivir”. Por eso, la relación con los políticos es, además
de esencial, una relación de cercanía.
Las organizaciones
mafiosas se constituyen en actores que operan en la periferia de la política,
desde el mundo configurado dentro del subsistema económico. Con esto buscan la
privatización del poder. Un rasgo que las identifica es la privatización de la
violencia, y el efecto inmediato de la puesta en vigencia de este aspecto es la
progresiva disolución del monopolio de la violencia pública legítima del
Estado. El otro rasgo decisivo de estas organizaciones es el control de
recursos financieros y votos con los cuales construyen sus propios medios de
expresión de sus intereses, convirtiéndose así en grupos de presión político y
económico con representación social. La relación de la política con las
organizaciones mafiosas se instala dentro de un régimen que funciona sobre
la base del trueque y el intercambio de favores. Sus demandas son:
1.Privilegios ilícitos (autorizaciones, adjudicaciones, subvenciones), 2.
Benevolencia policial y judicial (en relación con investigaciones y
sobreseimientos). Las organizaciones mafiosas recompensan estos favores con
dinero y votos, criminalizando el sistema político.
La
preferencia de las organizaciones mafiosas por la democracia es evaluada en términos de escenario fértil para los negocios, sobre
todo por la libertad de empresa, sus rasgos procedimentales y las garantías
procesales. Por eso, las democracias débiles son funcionales y propicias
a la inserción mafiosa en el sistema político, porque les permite libertad de
acción (civil y comercial) y les ofrece garantías (presunción de inocencia,
etc.). Además, la represión legal a las organizaciones mafiosas es más
efectista, “para la foto”, que real. Dentro de las democracias, también las
elecciones son funcionales a estas organizaciones, porque son proclives a la
manipulación: La ingenuidad democrática se aferra a la consigna según la cual
el voto es la mejor manera de solucionar problemas políticos. Sin embargo, la
aceptación de esta realidad requiere aceptar el costo que supone mantener viva
la relación entre expansión de la apertura democrática y permeabilidad favorable
al ingreso del crimen organizado en el orden global moderno. Esta relación
termina en una paradoja tan visible como inquietante: el divorcio entre
democracia y legalidad.
La economía
basada en el crimen organizado presenta, en primer lugar, un conjunto de
rubros o contenidos específicos: drogas, copias piratas, depredación de
recursos naturales, lavado de dinero, guerras (comprende el tráfico y negocio
de armas). Sin embargo, con independencia del rubro al que estén destinados los
esfuerzos de los beneficiarios, lo que tienen en común todos estos actores es
la obtención de logros económicos de gran escala. Para eso, en segundo término,
tienen que hacer inversiones en infraestructura y logística. Con este paso lo
que logran es instalar una economía paralela que, por falta de regulación, se
integra al mercado mediante la oferta de bienes producidos ilegalmente, que
circulan ilegalmente. Una vez instalados construyen una red de información,
mercancías, dinero y personas que se manejan desde otros centros ubicados fuera
de su espacio operativo. En esta instancia se hacen necesarios recursos y
operadores que oficien como "puentes" entre lo ilegal y lo legal. Por
ejemplo, en la tarea de lavar dinero son necesarias entidades financieras que
funcionen en forma paralela a la economía formal, que tengan muy buenos
vínculos con este sector y que estén especializadas en transferir dinero sucio
de los países con mejores controles a los centros off shores que no exigen
certificados de origen y no preguntan demasiado por la procedencia y el destino
de los fondos. Para terminar, conviene recordar cuál es el circuito que
recorren las prácticas económicas criminales y cuáles son los pasos que en un
camino de doble vía, llevan de la economía ilegal/informal a la legal/formal:
1. asignación sucia de valor a productos que no pueden comercializarse dentro
de la economía formal; 2. producción de
mercancías ilegales; 3. realización de
negocios dentro de la economía informal; 4. generación de dinero sucio; 5.
lavado de dinero.
En resumen, Es
imposible entender el funcionamiento de la política y la economía
contemporáneas si no se asume que los riesgos, la informalidad y la
criminalidad ya no pueden ser tomadas como desvíos, anomalías o patologías de
un supuesto funcionamiento "normal", sino que esos programas pasaron a ser parte constitutiva de la nueva
estructura funcional de esos dos sistemas sociales. Cada una de
esas formas de operar se consolidaron como elementos estables de la dinámica
política y económica de la época y ya no se las puede abordar como prácticas
nocivas que hay que erradicar. Llama la atención que en los debates de la época
este aspecto no ocupe el centro de los análisis ni las preocupaciones más
inmediatas de políticos y economistas aun cuando, por supuesto, se mencionan,
pero como “defectos” que hay que corregir, sin aceptar que al incorporarse a la
estructura de la política y la economía ninguno de estos sistemas puede volver
a ser lo que era.
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