El sistema político[1]
El sistema político evoluciona
de una dimensión jerárquica premoderna bidimensional, a una dimensión moderna
tridimensional. Dentro de la estructura jerárquica premoderna la distinción
básica que guiaba la comunicación política era arriba/abajo, exhibía una
orientación vertical y quedaba reflejada en la relación de poder entre
autoridad y súbdito (esquema superior/inferior). La transformación moderna del
orden interno del sistema político se estructura “sobre la triple
diferenciación de Política, Administración y Público…”[2],
y cambia de una orientación vertical a otra circular. En la dimensión
tridimensional cada uno de estos subsistemas se transforma en entorno del otro. Dentro del núcleo del sistema político no hay un subsistema que, en
términos de poder y capacidad de influencia sobre los otros, ocupe el centro de
la escena. En este sentido el sistema es acéntrico.
El poder es el medio de comunicación que el sistema tiene para cumplir
su función social, es decir, para dar a conocer las decisiones vinculantes que
toma. Para que el poder se ejercite, primero es necesario que estén creadas las
condiciones de su aparición y de la continuidad de su uso. Podemos unificar en
la inseguridad todas las condiciones
de posibilidad del poder como emergente social. La función del uso del poder es tomar decisiones colectivamente vinculantes
para reducir complejidad. Si ese poder se usa demasiado entonces se produce una inflación del poder, lo que de alguna
manera debilita a su portador. Cuando el poder no se usa lo suficiente se habla
de deflación del poder y esto ocurre
cada vez que el poder se usa poco, no su usa o no se acude a la variedad de
formas disponibles para su ejercicio.
Los subsistemas del sistema político
Luhmann llama administración al
conjunto de “procesos de decisión organizados y programados en el poder
legislativo, el ejecutivo y el judicial.” (Luhmann 2014: 131). Las decisiones
que toman las administraciones se apoyan en puntos de vista políticos y en los mandatos que les
confieren los cargos que ocupan sus funcionarios. La decisión vinculante es la forma de comunicación
que la administración produce para cumplir su función social.
Mediante decisiones la administración elabora soluciones
razonables para problemas que se han planteado en condiciones ya
preestablecidas. “Soluciones razonables” significa generar respuestas a
problemas que tengan en cuenta el contexto en que esa decisión tiene cabida,
que presupone la existencia de otras decisiones que ya han sido tomadas y con
las cuales esta nueva decisión debe relacionarse. La administración decide
sabiendo que tendrá que tomar otras decisiones.
Para las administraciones políticas las decisiones son programas de acción de dos tipos. Por un lado, están los programas orientados a fines. En estos
programas se tiene en cuenta el cálculo de costos y beneficios de las
decisiones a tomar. Por otro lado, están los programas orientados condicionalmente, según los cuales, determinadas
causas (excluyendo otras) producen la
decisión o la no decisión. En cualquier caso, toda decisión lleva implícitos valores que orientan
preferencias en una dirección o en otra. La administración hace uso del oportunismo
como recurso para darle cauce a la decisión. Luhmann define el oportunismo como
“un comportamiento que se oriente según preferencias
cambiantes, esto es, que emplea programas contradictorios, en tanto que
unas veces se le dirige una atención privilegiada a este valor y otras a aquel
otro a costa del resto”[3].
La racionalidad de la administración se expresa en la planificación
política de las decisiones, es decir, en la elaboración de programas de
decisión condicionales y de fines, y en la articulación de las exigencias
jurídicas con los requerimientos económicos. Cuanto más se apega la
administración a estas prácticas, en mejores condiciones está de hacer frente a
influencias que provienen del entono y que hacen fuerza por distorsionar los
criterios establecidos en el programa de decisión.
La política
La política moderna nace como la forma de apoyo que necesita la administración
para reemplazar a las antiguas formas de imposición de las decisiones mediante
la violencia o la jerarquía proveniente de la posición económica o nobiliaria o
la presencia de un líder. Para llevar
adelante su función de mediadora del sistema mediante su capacidad de influir
en sus respectivos entornos, la política trabaja con un oído puesto en la
administración y el otro en el público.
Dentro de la política se destaca la tarea de los partidos políticos,
cuya función consiste en preparar los
procesos de toma de decisiones que vinculen colectivamente y, también, la
decisión de formar parte del gobierno o seguir permaneciendo en la oposición. El subsistema político, mediante la tarea de los
partidos, lleva a cabo un desglose de demandas mediante procedimientos de:
- Filtrado: problemas que no se atienden
o no se toman en cuenta,
- Selección:
problemas a los que se los toma en consideración,
- Generalización:
problemas que se agrupan en un eje o factor común disimulando sus diferencias,
- Nivelación:
problemas de diferente magnitud a los que se ubica en el mismo nivel de
atención, y
- reducción de exigencias: problemas a los que se le brindan soluciones por debajo de las
expectativas de sus demandantes.
Luhmann sostiene que los
partidos están tan ocupados en llevar adelante estas tareas y en cumplir con su
función específica, que es difícil esperar que realmente entiendan las
dificultades de la población.[4]
La política despliega su
racionalidad reflexionando sobre: a. las decisiones a tomar sobre los problemas
del entorno y no sobre la solución de esos problemas, b. sobre los efectos de
las decisiones que se han tomado; y, c. sobre las posibilidades de cambio en el
manejo del poder, que nunca pierde de vista. Uno diría, con un ojo puesto en
las decisiones y el otro en cómo ganar las elecciones. Sobre esta base los partidos hacen su cálculo racional al que subordinan
cualquier consideración que no contemple el éxito en las elecciones y la
consecuente obtención de cargos. Así, la racionalidad política puesta al
servicio del sistema subordina los programas y vuelve instrumentales los
valores. La estructura pluralista de la
política se hace sensible a las exigencias y descarga una parte de éstas en la
administración, que es la que decide.
El papel protagónico de la política lo desempeñan los políticos: individuos agrupados en
organizaciones que actúan como mediadoras entre el Estado (la Administración) y
la población (el pueblo y “la gente”). El político “puede lanzar temas, proclamar valores, sacar brillo a
símbolos, sin que tenga que establecerlos al mismo tiempo como programas. No
necesita dañar a otros, ni siquiera a otros políticos, y, bajo la protección de
no estar vinculado, puede presentarse en la esfera pública con palabras que
suenan bien y con una abarcadora voluntad de exigir. Así, puede tratar de
capitalizar el consenso y montar posiciones sin comprometerse con aplicaciones
muy especiales de este poder. Por otro lado, debe aspirar al éxito y ha de
pretender el poder de decidir. Toma el éxito por adelantado, trabaja con él y
proyecta lo que haría si tuviera que decidir. Por ello, necesita esforzarse
continuamente apuntando hacia el todo y hacia lo valioso. Esto no le fuerza,
empero, a un cálculo exacto de los costes de sus propuestas y a una exacta
transmisión de dicho cálculo, sino más bien a una generalización de unos
intereses y valores demasiado específicos”[5].
Lo que el político en realidad hace es construir
comunicación política con un doble lenguaje: uno orientado al público y el otro
a la administración. Cuando se dirige al
público predomina el lenguaje expresivo
y cuando su comunicación se orienta a la administración hace uso de un lenguaje instrumental. Según Luhmann,
mientras que el lenguaje instrumental está elaborado con vistas a que la
administración decida en el sentido “correcto”, el lenguaje expresivo tiene por
finalidad tranquilizar y dotar de una confianza continua al público asumiendo
que siempre “se hace esto para lograr esto otro”.
En este contexto el trabajo del político es
comunicativamente arduo, difícil y artificial, ya que tiene que hablar pensando
en lo que va a decir para que no emerjan a la superficie sus verdaderos fines y
tenga un fuerte impacto en la audiencia, sus apelaciones a la emotividad. Es
una tarea que exige el manejo de múltiples lenguajes según la ocasión.
El público
Desde el siglo XIX la
población adquiere mayor protagonismo dentro del sistema como un factor de
poder que se expresa, según el momento por el que esté atravesando la actividad
política, como elector (si en el momento de las elecciones),
organizado en movimientos de protesta (en instancias de demandas
colectivas), y como opinión pública (en períodos preelectorales).
Luhmann propone diferenciar dinámicamente los roles
del público. La diferenciación dinámica
hace referencia a las formas en que el público se pone en contacto con la
política asumiendo tres roles diferentes. El primero de esos roles es el de “observador disciplinador” de la política. El ejercicio de
este rol es, al mismo tiempo, indirecto (observa a través de los medios y
observa signos de la actividad de los políticos), permanente (la política se
siente observada en todo momento), y pasivo (la observación, ejerce una
influencia simbólica sobre la política). El segundo de esos roles consiste en prestar (o quitar) apoyo político. Este es un rol que el público
desempeña en determinados momentos, por ejemplo, el período de elecciones. El
tercer rol consiste en la prosecución política de intereses. En el ejercicio de este rol el
público se vincula a demandas que buscan satisfacer aspectos puntuales de la
vida personal y colectiva de los miembros que lo componen. A diferencia de la
observación disciplinadora, estos dos roles del público respecto de la política
son activos, discontinuos y complementarios de la observación disciplinadora.
Las tareas de la administración y la política las
desempeñan personas provenientes del público. Es un hecho que en la sociedad
moderna “cualquiera del público puede convertirse en político o funcionario”.[6]
Así de generoso es el sistema político. Sin embargo, esa generosidad no es
desinteresada o gratuita. El sistema debe ofrecer condiciones atractivas para
quienes tengan o crean tener condiciones para formar parte de la política o de
la administración. Quien forme parte del público y crea tener vocación política
deberá tener en cuenta las espinas que están esparcidas el camino. Deberá saber
que con la misma facilidad con que se ganan y generan “contactos” se pierden
relaciones y se gestan enemistades. No deberá perder de vista, al mismo tiempo,
que las caídas son más estrepitosas y rápidas que los asensos inciertos. Que,
en términos cuantitativos, los tiempos de la política no conocen limitaciones.
Por último, conviene que no ignore que, una vez adentro, sus gustos personales
y debilidades afectivas habrá de dejarlas colgadas en la puerta de ingreso.
Como dice Luhmann, quien crea tener vocación y cualidades para la tarea
política deberá contar con “la disponibilidad para entregar a sus hijos”.[7]
En resumen, quienes entre los miembros del público tengan aspiraciones
políticas deberán cumplir con ciertas condiciones entre las que sobresalen el
aprendizaje para realizar las funciones que se les encomienden, la capacidad
para saber reunir información y adquirir destrezas para el desempeño de sus
tareas y la pericia necesaria para manejar sus sentimientos y sus actitudes
frente a las exigencias y expectativas de quienes se quedaron del otro lado del
mostrador, es decir del lado del público.
Cortocircuitos y esquemas de distinción
En la circularidad que envuelve la relación entre
administración, política y público los
problemas se transforman en temas
que circulan comunicativamente dentro del sistema político. Esta circulación
produce cortocircuitos que adoptan la
forma de críticas recíprocas entre los actores del sistema frente a lo que cada
una dice o hace acerca del problema transformado en tema.
El cortocircuito facilita el uso de fórmulas
simplificadoras. Según Luhmann, la distinción progresista/conservador codifica
la política de la modernidad: “El código progresista/conservador representa la
oposición entre cambio y mantenimiento de las estructuras del sistema social…”.[8]
Tal vez en nuestros días la actualización del lado conservador de esa fórmula
haya mutado al término “neoliberal”. Una vez ubicados dentro de una de estas
distinciones los contenidos que se vierten en estos recipientes pueden ser de
cualquier tipo y factor y se simplifican todavía más. Un recorte de subsidios
es conservador, una asignación de planes sociales se ve como progresista. Con
esto el cortocircuito favorece la comunicación vacía de contenido.
Sin embargo, como el cambio es lo característico de
la sociedad, para explicar la relación entre política y sociedad, la distinción
adecuada debe apoyarse en el eje de la transformación y, a partir de ahí,
observar la relación desde la distinción estabilidad/inestabilidad.
Como dice Luhmann, de lo que hay que ocuparse no es del cambio, que de hecho es
un componente intrínseco de la dinámica social, sino de la instabilidad o
instabilidad que los cambios generan y sus efectos en las expectativas.
El sistema político orienta su funcionamiento
autorreferencial recurriendo a dos procesos internos que supuestamente ayudan a
manejar la complejidad política, aun cuando no permiten aportar ninguna certeza
respecto del origen de los problemas. Por un lado, se apunta a las historias
internas del sistema: cómo se comportaron políticamente unos y otros en el
pasado y, sobre todo, qué errores cometieron. Por otro lado, se hace uso de los
problemas que vienen del entorno. Se habla, se discute, se debate sobre
economía, políticas de salud, estrategias educativas, etc. Los problemas siguen
estando del lado de afuera mientras adentro se alimenta la inflación
comunicativa. Luhmann denomina a estas dos estrategias historización y externalización
de la autorreferencia. Los tres subsistemas se observan entre sí
observando tres mecanismos de
externalización diferentes que a cada uno le permite simplificar al otro y,
al mismo tiempo, conjeturar acerca de sus acciones y comportamientos. La opinión
pública que circula principalmente en los MMC es el campo de resonancia de
la relación entre público y política.
En la relación entre política y
administración lo que cada parte tiene en cuenta es el conjunto de personas que ocupan cargos o que pueden llegar a ocuparlos. Por último, el derecho es la externalización de la relación entre público y administración.
El derecho es el mecanismo externo que cada una de las partes observa para
regular las relaciones de poder entre ambas, entre otras cosas, para evitar
abusos y arbitrariedades. Desde luego, las relaciones que cada subsistema
proyecta en su pantalla se reflejan en las otras dos. La opinión pública
observa a políticos y funcionarios; para acceder a los cargos las personas que
aspiran a ello tienen que (o deberían) ajustarse a derecho y, por lo tanto,
observar su relación con este factor.
El sistema se autosensibiliza
por medio de comunicaciones que ponen en discusión problemas que afectan a
distintos sectores sociales y se abre al ingreso de los intereses individuales
y colectivos, pero al procesarlos, se cierra operativamente. En este sentido el
sistema es abierto y cerrado a la vez. Así, el sistema se hace autorreferente
porque en ese procesamiento tiene que tomar decisiones que darán lugar a la
toma de otras decisiones, postergando una y otra vez la solución de los
problemas.
[1]
Del libro: Dallera, Osvaldo (2019): Entre expectativas y decepciones. La
sociología política de Niklas Luhmann. Amazon
[2]
Luhmann, Niklas (1993): Teoría
política en el Estado de bienestar. Madrid, Alianza editorial. P. 62
[3] Luhmann, Niklas (2014): Sociología política. Madrid,
editorial Trotta. P. 190
[4] Torres Nafarrate,
Javier (2004): Luhmann: la política como
sistema. México, Fondo de Cultura Económica - Universidad Iberoamericana –
Universidad Nacional Autónoma de México. P. 168
[5]
Luhmann, 2014: p. 216
[6]
Luhmann, N. 2014: 340
[7]
Luhmann, N: 2014: p. 348
[8]
Luhmann, N. 1993: p. 83
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