Estamos en
presencia de una configuración distinta de la política. Las funciones del
Estado han sido privatizadas. Al hablar de privatización del Estado
Beatrice Hibou dice de esta expresión que “traduce los procesos concomitantes
de ampliar la participación de intermediarios privados a un número creciente de
funciones que antes le correspondían por derecho al Estado, y de una nueva
distribución de este último… "[1]
El trabajo de
Hibou, por lo menos en nuestro medio, no está suficientemente difundido. Yo
creo que uno de los motivos de esta falta de difusión radica en que su
investigación ha sido realizada, mayoritariamente en países africanos y claro,
nosotros no pertenecemos a ese continente y tal vez, por eso, nos creemos al
margen de esta nueva configuración política.
La privatización
del Estado es el ejercicio del poder político dependiente, cada vez en mayor
medida, de recursos privados. Además de las formas conocidas de privatización
de empresas públicas, esta configuración terceriza la mayor parte de las
funciones del Estado tradicional: educación, seguridad, regulación, seguridad
social, etc. Esta configuración no supone una renuncia al Estado sino una forma
de gobernar. El Estado no pierde autoridad o poder; más bien ese poder se
ejerce a través de entidades privadas. Dentro de este marco, el Estado no
resigna poder pero pierde transparencia. El poder ahora, se ejerce de una forma
diferente a como fue pensado dentro del esquema de Estado racional-legal. Dicho
de otra forma, el poder del Estado está mediado por agentes privados. Con este
formato el Estado no necesita legitimarse ni cargar con el costo de
mantenimiento de una administración burocrática. La función económica del
mercado se vuelve marginal al perder el control total y directo sobre la
economía nacional: “el nuevo orden se explica por imperativos técnicos.”[2]
Dentro de
este contexto me parece interesante reflexionar sobre el sentido que cobra la
democracia dentro de los estados privatizados. Se me ocurre que una manera de
presentar el asunto puede ser apelando a una metáfora sugiriendo que las
democracias contemporáneas dejaron de ser una forma de definir la conducción política
del Estado para el período que continua a la finalización de un mandato, para
convertirse en un llamado a licitación para gestionar el Estado. Según una
definición al uso, una licitación es un "sistema por el que se adjudica la realización de una obra o un servicio, generalmente de carácter público, a la persona o empresa que ofrece las mejores condiciones" Siempre hay que considerar las mejores condiciones para quién.
En este
nuevo estado de cosas, los programas de los partidos son ofertas que responden
a los requisitos del pliego de condiciones. Básicamente, esos requisitos se
agrupan en tres grandes categorías: delegación de funciones, protección y
descentralización administrativa. Dentro de esta figura, los partidos son las
empresas oferentes, los votantes quienes
deciden cuál será la empresa a la que se le entregará la administración del
negocio en el próximo período y los funcionarios y políticos los encargados de
gestionar e intermediar con clientes, organizaciones, bancos y proveedores. Desde
luego, la licitación es abierta, pero las empresas que tienen mejores chances
son las que cuentan con mejor posicionamiento en el mercado, no siempre por la
calidad de sus servicios o sus precios competitivos sino por sus estrategias
publicitarias y su mercadotecnia.
Una vez
que se hace cargo, quien gana la licitación acondiciona los ministerios y
secretarías en espacios de gestión tercerizados entre prestadoras de servicios
que envían en comisión a sus mejores cuadros (CEOS) quienes tendrán a su cargo
gerenciar el negocio durante el período que dure la adjudicación según esté
definido en el pliego: “el uso de prestanombres, y sobre todo de intermediarios
privados, ha sido y es una modalidad del ejercicio del poder”[3].
Así, por
ejemplo, el antiguo Poder Judicial es contratado como el nuevo bufete de
abogados que tendrá a su cargo la resolución de conflictos jurídicos que se generarán
entre el nuevo concesionario, los proveedores, principalmente de servicios pero,
sobre todo, con los usuarios que serán los mismos que a la hora de abrir los
pliegos se inclinaron por la empresa que ahora tiene a su cargo la empresa.
En estas
condiciones del Estado privatizado quien gana la licitación transforma los
ministerios en departamentos de la empresa encargados de cumplir con las funciones
que tiene a su cargo. Entonces debe contar con un departamento de comunicación y promoción que le asegure una
adecuada difusión de su política de servicios. Para eso penetra en los medios masivos
de comunicación y las redes sociales con el propósito de legitimar y convalidar
sus acciones que serán puestas a evaluación en elecciones de medio término que
operan como auditorías.
El
ministerio de educación se transforma en un departamento de capacitación y
selección pedagógica que actúa en comunión con el departamento de salud,
encargado de seleccionar a los más aptos y descartar a quienes no cumplen con
los requisitos de la especie que demandan los protocolos que definen los rasgos
de pertenencia y membrecía.
El ministerio
de economía reúne dentro de su estructura a los departamentos producción y finanzas
entre otros, encargado de la elaboración de los productos que reclama el
mercado sobre todo el mercado internacional dentro de un régimen de producción
“on demand” en los que no se requiere ni infraestructura ni mano de obra como
en los tiempos de la modernidad sólida, al decir de Bauman. El departamento de
finanzas, por supuesto, se ocupará de la gestión de créditos y mediación con
prestamistas y acreedores buscando que, en el momento oportuno, se maximice la
distribución de utilidades entre los accionistas de la empresa que ganó la
licitación. Para eso, es necesario, como dictan los manuales de la nueva
economía que las acciones del Estado privatizado luzcan en alza y confiables a
los ojos de las evaluadoras de riesgos.
Para
resumir y terminar, en la nueva configuración de Estados privatizados, la
democracia se ha convertido en un llamado a licitación en la que el propio
Estado prepara el pliego de condiciones
para la auto-explotación de sus funciones, las campañas electorales ofician de presentación de ofertas, las elecciones
cumplen con la tarea de evaluar las
ofertas recibidas y el escrutinio definitivo termina por establecer la adjudicación y la formalización del contrato
entre el Estado y la nueva gestión gobernante que, una vez que se hace cargo de
la gestión pone en marcha el proceso en
el que confluyen la relación público-privado, la tensión permanente entre
conflicto y negociación y el ejercicio de gobierno mediante el control
indirecto de las funciones del Estado por parte de funcionarios provenientes
del sector privado.
[1]
Hibou, Beatrice (2013): De la privatización de las economías a la
privatización de los Estados. Análisis de la formación continua del Estado.
México, fondo de cultura Económica. Página 17.
[2]
Ídem., página13.
[3]
Ídem., página 76
