Transformaciones estructurales en la política y la economía posmodernas

El carácter autorreferente, auto-reproductivo y operacionalmente cerrado de los sistemas sociales permite comprender las transformaciones producidas desde el inicio de la modernidad tardía, segunda modernidad o posmodernidad (digamos desde el último cuarto del siglo XX) en la política y la economía.

Tanto el sistema político como el sistema económico moderno se auto-reproducen a partir de sus propias operaciones. En el caso de la política la operación que le es propia es la comunicación de decisiones colectívamente vinculantes, por lo general emanadas desde el gobierno. Esas decisiones generan dentro del sistema político otro tipo de comunicaciones (debates, protestas, denuncias, etc.) propias de los otros actores del sistema (legisladores, movimientos sociales, oposición, medios masivos de comunicación, etc.) que dan lugar a la toma de nuevas decisiones que renuevan el ciclo de comunicación política y de esa manera dinamizan el sistema cerrándolo sobre sí mismo y haciéndolo autorreferente. Esto último significa que, como resultado de esa manera de funcionar, el sistema, en vez de operar teniendo en cuenta lo que pasa en su entorno, es decir, afuera de la política, termina por referirse a sí mismo con cada una de sus operaciones. Lo que el sistema político necesita es que haya siempre comunicación interna entre los actores del sistema y no, como se supone, que resuelva problemas que forman parte de su entorno externo. Al estar tan ocupado en ese aspecto, el sistema deja de lado los problemas verdaderos de la sociedad (los problemas económicos, los problemas educativos, los problemas ecológicos, etc.). Los problemas pueden esperar mientras la política produce comunicación para seguir hablando sobre ellos. Con la misma lógica, el sistema económico se auto-reproduce mediante la producción continua e interminable de elementos del sistema (pagos) a través de su medio de comunicación específico: el dinero. Al constituirse los pagos en el elemento insustituible para que el sistema mantenga su continuidad, deja de tener importancia el valor de lo que se está pagando, los problemas y tribulaciones de la gente, o las dificultades por las que atraviesan la educación, la salud, el mercado inmobiliario, etc.

Ahora bien, ni las decisiones vinculantes ni los pagos llevan consigo alguna carga moral, ni siempre responden a coerciones normativas que los incline a operar sólo con el lado bueno o legal de las operaciones. Por eso hay que admitir que adentro de los sistemas todo puede pasar, aún lo que desde afuera de ellos pueda evaluarse como malo, negativo inmoral o ilegal. A pesar de lo que a todos nos gustaría, las decisiones seguirán siendo lo que son a pesar de que con ellas puedan buscarse efectos que beneficien deliberadamente a unos en perjuicio de otros, y los pagos seguirán siendo pagos con independencia del "valor" moral o legal de la contraprestación recibida. Atentos a esto, deberíamos considerar con mayor atención las tres grandes transformaciones, entre otras de menor impacto que se produjeron en la política y la economía en los tiempos de la modernidad tardía:

1. la propensión al riesgo

Una de las características de las decisiones políticas es la imposibilidad de prever sus efectos. Por un lado esa característica estructuró el espacio social alrededor del eje del riesgo e hizo que fuera un espacio evaluado en términos de seguro/inseguro. La contrapartida del riesgo que se asume en cada decisión es la búsqueda de seguridad que se pretende alcanzar y que nunca termina de concretarse. Por otro lado, ordenó a los actores sociales alrededor del eje que define su ubicación en relación con la toma de decisiones y los dividió en decisores y afectados. Lo distintivo del sistema político actual es que se politizan los riesgos que los decisores toman en nombre de los afectados. En este nuevo contexto se pone en marcha el circuito de la política moderna: ante una situación conflictiva o riesgosa los decisores toman decisiones que afectan a los demás. Los afectados le piden a la política que enderece el rumbo, ante los posibles desastres que pueden acarrear esas decisiones. Conciliar la posición y los intereses de los decisores y los afectados requiere que los decisores acepten que trabajan o hacen su trabajo en situaciones bajo riesgo permanentes y los afectados asuman que ya no es posible reclamar vivir en situaciones bajo seguridad. En un contexto de este tipo, se invoca el diálogo que ahora significa aceptar el riesgo, contar con que el otro entiende las condiciones del caso y flexibilizar las posiciones para reformular las exigencias y los argumentos. En nuestro tiempo, a todo este juego, a toda esta representación se la llama Democracia.

Los riesgos económicos se definen por las diferencias de tiempo y velocidad en la utilización y circulación del dinero. Son riesgos de futuro. Estos riesgos nacen de la posibilidad de que los proyectos que las empresas elaboran para llevar adelante sus negocios no salgan como esperaban. En este sentido los riesgos están relacionados con la inversión y el crédito. La inversión puede que no dé los resultados que se esperaban y entonces las deudas contraídas no se puedan pagar. Esta posibilidad hace que los proyectos lleven consigo una cuota de incertidumbre. Lo que ocurre es que las incertidumbres no tienen un valor. Por eso, las empresas tienen que ponerle alguno a sus incertidumbres y eso significa transformarlas en un riesgo calculable. Una vez que el riesgo tiene un “valor”, entonces es posible comercializarlo en los mercados financieros donde se negocian esa clase de productos. Esa reformulación se impuso de dos maneras: una para los grandes inversores y otra para la gente de menores recursos. Las grandes empresas trasladaron su predisposición al riesgo de la economía de producción al mercado financiero y de acciones. Dentro de ese mercado intervienen operadores que compran y venden los riesgos asegurados con la expectativa de que en el futuro sean menos los riesgos que se concreten y más los que no tengan su peor desenlace. Se genera así un “mercado secundario de riesgos”, dentro del cual un primer comprador le vende a otro, y este a un tercero, y así sucesivamente aquellos riesgos asegurados originalmente, pero distorsionando en cada operación el precio de venta incorporándole las creencias del vendedor respecto de la posibilidad de que ese riesgo se materialice. Las condiciones económicas instauradas en el último cuarto del siglo XX también se volvieron propicias para reformular la estructura del sistema económico en función de la nueva realidad de los sectores populares. Junto con el surgimiento de los mercados derivados y futuros para los más ricos, se instaló con fuerza una forma de riesgo consistente en el crecimiento de los mercados de crédito para gente de medianos y bajos ingresos. El mejor ejemplo de esto es la expansión del uso de tarjetas de crédito en todos los segmentos de la población.

2. la estabilización de la informalidad

La comunicación política (el incremento de decisiones que, por sus efectos exigen tomar nuevas decisiones) y la comunicación económica (interminable cadena de pagos que permiten y reclaman la realización de otros pagos) aumentan la complejidad de los dos sistemas. La informalidad es, en un principio, un instrumento de simplificación o de reducción de complejidad. En su evolución se incorpora como un "mal necesario" de ambos sistemas que al normalizarse, naturalizarse y generalizarse pasa a formar parte de sus respectivas estructuras. La estabilización de la informalidad confronta con el cuerpo normativo e institucional que regula el funcionamiento legal de los dos sistemas y termina por convertirse en un subsistema dentro de la política y la economía. Dicho de otro modo la informalidad deja de ser un desvío y se convierte en un componente normal del funcionamiento político y económico.

Frente a la política formal que está orientada por reglas y por instituciones legítimamente constituidas, se posiciona la política informal que, por definición, es modificadora de reglas y “evitadora” de los caminos institucionales. La política informal se define por la cercanía y frecuencia de los contactos entre funcionarios y actores que no forman parte del núcleo sistema político (sobre todo los MMC y las corporaciones), pero que tienen influencia sobre él desde el lugar que ocupan en la periferia. Los contactos se vuelven decisivos para llevar adelante esas “prácticas de anticipación” propias del ejercicio del poder.

La corrupción política presenta una dimensión coyuntural definida por el logro inmediato de un beneficio de pequeña escala o pasajero (como contraprestación de una remuneración clandestina y del momento), y otra dimensión estructural definida por la permanencia de relaciones recíprocas entre empresas, partidos políticos e instituciones del Estado. El eslabón que une la corrupción con las instituciones del Estado y de los gobiernos es el funcionario público. El funcionario público corrupto es el que abre la puerta de las instituciones públicas al cliente que, en gran escala y de forma corporativa con otros grandes beneficiarios, pueden terminar apropiándose del Estado. Y una de las llaves principales para abrir esa puerta es el soborno, uno de los mecanismos principales de la corrupción.

La liberalización y desregulación de los mercados (tanto de bienes y servicios como de dinero) le abrió las puertas de la economía a la informalidad integrada por actividades que generan ingresos fuera del marco regulatorio del Estado y tienen similitudes con las que se llevan a cabo dentro de la economía formal. Aquellas transformaciones posicionaron a la informalidad como un componente más de la estructura del sistema económico contemporáneo. La informalidad, dentro del sistema económico presenta dos vertientes estrechamente entrelazadas:

a. La informalidad económica propiamente dicha es la que procede de la producción de bienes y servicios por afuera de los mecanismos de regulación legal y fiscal por parte del Estado y la consecuente comercialización de esa producción en el mercado negro, pero también en el mercado legal. Por eso las economías formal e informal están entrelazadas. Empresas que operan en la economía formal compran, venden y contratan en la economía informal. Por lo tanto, la informalización de la economía no queda circunscrita a un tipo de actividad (aunque es cierto que algunas, como la textil o la construcción son las que más utilizan esta vía); tampoco está compuesta por un grupo de sectores específicos, ni es sólo una actividad estratégica de supervivencia de los sectores más humildes. Más bien lo que la define es la transgresión de los límites impuestos desde la regulación del Estado.

b. La informalidad financiera es el complemento necesario de la informalidad económica. Como sabemos, el dinero se usa para comprar y vender bienes y servicios, contratar  mano de obra y pagar deudas. Sin embargo, distintos dineros están en relación con distintos mercados. El dinero legal circula en los mercados legales y en la mayor parte de los circuitos que integran la economía formal (la economía formal, como vimos, también se entrecruza con la informal). El dinero informal es el que circula en el mercado negro de dinero y, una variante de éste, es el dinero sucio que está en relación con mercados criminales e ilegales.

3. la expansión del crimen organizado en la estructura de los dos sistemas.

La criminalización del sistema político es el resultado del vínculo que existe entre los políticos (desde funcionarios de los gobiernos pasando por los legisladores hasta llegar a la oposición) y las organizaciones mafiosas. En general, la organización mafiosa trata de no confrontar con la política. La lógica que guía sus relaciones con el Estado es “vivir y dejar vivir”. Por eso, la relación con los políticos es, además de esencial, una relación de cercanía.

Las organizaciones mafiosas se constituyen en actores que operan en la periferia de la política, desde el mundo configurado dentro del subsistema económico. Con esto buscan la privatización del poder. Un rasgo que las identifica es la privatización de la violencia, y el efecto inmediato de la puesta en vigencia de este aspecto es la progresiva disolución del monopolio de la violencia pública legítima del Estado. El otro rasgo decisivo de estas organizaciones es el control de recursos financieros y votos con los cuales construyen sus propios medios de expresión de sus intereses, convirtiéndose así en grupos de presión político y económico con representación social. La relación de la política con las organizaciones mafiosas se instala dentro de un régimen que funciona sobre la base del trueque y el intercambio de favores. Sus demandas son: 1.Privilegios ilícitos (autorizaciones, adjudicaciones, subvenciones), 2. Benevolencia policial y judicial (en relación con investigaciones y sobreseimientos). Las organizaciones mafiosas recompensan estos favores con dinero y votos, criminalizando el sistema político.

La preferencia de las organizaciones mafiosas por la democracia es evaluada en términos de escenario fértil para los negocios, sobre todo por la libertad de empresa, sus rasgos procedimentales y las garantías procesales. Por eso, las democracias débiles son funcionales y propicias a la inserción mafiosa en el sistema político, porque les permite libertad de acción (civil y comercial) y les ofrece garantías (presunción de inocencia, etc.). Además, la represión legal a las organizaciones mafiosas es más efectista, “para la foto”, que real. Dentro de las democracias, también las elecciones son funcionales a estas organizaciones, porque son proclives a la manipulación: La ingenuidad democrática se aferra a la consigna según la cual el voto es la mejor manera de solucionar problemas políticos. Sin embargo, la aceptación de esta realidad requiere aceptar el costo que supone mantener viva la relación entre expansión de la apertura democrática y permeabilidad favorable al ingreso del crimen organizado en el orden global moderno. Esta relación termina en una paradoja tan visible como inquietante: el divorcio entre democracia y legalidad.

La economía basada en el crimen organizado presenta, en primer lugar, un conjunto de rubros o contenidos específicos: drogas, copias piratas, depredación de recursos naturales, lavado de dinero, guerras (comprende el tráfico y negocio de armas). Sin embargo, con independencia del rubro al que estén destinados los esfuerzos de los beneficiarios, lo que tienen en común todos estos actores es la obtención de logros económicos de gran escala. Para eso, en segundo término, tienen que hacer inversiones en infraestructura y logística. Con este paso lo que logran es instalar una economía paralela que, por falta de regulación, se integra al mercado mediante la oferta de bienes producidos ilegalmente, que circulan ilegalmente. Una vez instalados construyen una red de información, mercancías, dinero y personas que se manejan desde otros centros ubicados fuera de su espacio operativo. En esta instancia se hacen necesarios recursos y operadores que oficien como "puentes" entre lo ilegal y lo legal. Por ejemplo, en la tarea de lavar dinero son necesarias entidades financieras que funcionen en forma paralela a la economía formal, que tengan muy buenos vínculos con este sector y que estén especializadas en transferir dinero sucio de los países con mejores controles a los centros off shores que no exigen certificados de origen y no preguntan demasiado por la procedencia y el destino de los fondos. Para terminar, conviene recordar cuál es el circuito que recorren las prácticas económicas criminales y cuáles son los pasos que en un camino de doble vía, llevan de la economía ilegal/informal a la legal/formal: 1. asignación sucia de valor a productos que no pueden comercializarse dentro de la economía formal;  2. producción de mercancías ilegales;  3. realización de negocios dentro de la economía informal; 4. generación de dinero sucio; 5. lavado de dinero.

En resumen, Es imposible entender el funcionamiento de la política y la economía contemporáneas si no se asume que los riesgos, la informalidad y la criminalidad ya no pueden ser tomadas como desvíos, anomalías o patologías de un supuesto funcionamiento "normal", sino que esos programas pasaron a ser parte constitutiva de la nueva estructura funcional de esos dos sistemas sociales. Cada una de esas formas de operar se consolidaron como elementos estables de la dinámica política y económica de la época y ya no se las puede abordar como prácticas nocivas que hay que erradicar. Llama la atención que en los debates de la época este aspecto no ocupe el centro de los análisis ni las preocupaciones más inmediatas de políticos y economistas aun cuando, por supuesto, se mencionan, pero como “defectos” que hay que corregir, sin aceptar que al incorporarse a la estructura de la política y la economía ninguno de estos sistemas puede volver a ser lo que era.