Osvaldo Dallera

martes, agosto 30, 2016

La condición laboral: de Chaplin a Sambucetti

En los últimos doscientos cincuenta años la condición laboral de los trabajadores experimentó varias transformaciones. El concepto de trabajo se instaló en Occidente, desde mediados del siglo XVIII, como fuerza organizadora de las sociedades a partir de la revolución industrial. Entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XXI los trabajadores atravesaron por cuatro condiciones que se distinguen nítidamente una de la otra y cada una con características bien definidas.

i. La condición proletaria

Durante la primera mitad del siglo XIX las malas condiciones en que la clase obrera realizaba su labor (largas jornadas de trabajo, bajos salarios y condiciones laborales deplorables) agudizaron los conflictos y las tensiones con la clase capitalista. La condición proletaria era una situación de cuasi exclusión del cuerpo social. El proletariado era un eslabón esencial en el proceso naciente de la industrialización, pero estaba destinado a trabajar para reproducirse “acampando en la sociedad pero sin ubicarse en ella”. Esto significa que, aún teniendo trabajo, en ese entonces no eran considerados como parte de la sociedad; en otras palabras, estaban excluidos. Bajo esta condición los trabajadores obtenían una retribución próxima a un ingreso mínimo que aseguraba sólo la reproducción del trabajador y su familia y no permitía invertir en el consumo no imprescindible. Al mismo tiempo vivían bajo una ausencia de garantías legales en la situación de trabajo y dentro un marco jurídico débil en la relación del trabajador con la empresa. La condición proletaria, si bien era precaria, estaba un escalón más arriba que la de los excluidos (mendigos, tullidos, enfermos y ancianos): tener o no tener trabajo marcaba la diferencia, aunque esa diferencia estuviera trazada por un límite demasiado delgado.
A partir de la segunda mitad de ese siglo tendió a mejorar el clima social y el cuadro de las condiciones de vida de la clase trabajadora. La sindicalización de los trabajadores junto a la aparición de leyes que regulaban las relaciones laborales, y el surgimiento de sociedades de socorros mutuos, movimientos educativos y religiosos, y organizaciones políticas que hicieron posible una mayor toma de conciencia de sus derechos dieron lugar a la formación de una clase obrera más moderna y cohesionada. La relación de la condición obrera con la sociedad encarada como un todo era, a partir de entonces, más compleja.

ii. la condición obrera

Es probable que no haya producción cultural más expresiva que el film "Tiempos modernos" para ilustrar este momento de la situación de los trabajadores. Entre fines del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX se constituyó una nueva condición laboral. La crisis económica mundial de 1929 acentuó el malestar social entre los asalariados por el desempleo masivo. Esto derivó en la modificación de las estrategias de los gobiernos y organizaciones empresarias que se orientaron hacia el keynesianismo.
El lugar de la condición obrera en la sociedad de la década de 1930 podría caracterizarse como una relativa integración en la subordinación (Castel, 1997: 348). Esto significa que los trabajadores ya no estaban excluidos de la sociedad pero estaban fuertemente subordinados a los sectores dominantes de ésta. Según Castel (1997: 329-340) la transformación de la condición proletaria en condición obrera (o, lo que es igual, el pasaje de las condiciones imperantes al inicio de la revolución industrial hasta el advenimiento del taylorismo y el fordismo) se produjo a partir del cumplimiento de cinco condiciones:
1. una separación rígida entre quienes trabajan efectiva y regularmente, y los inactivos o semiactivos, que están excluidos del mercado de trabajo.
2. la fijación del trabajador a su puesto de trabajo y la racionalización del proceso de trabajo en el marco de una “gestión del tiempo precisa, dividida, reglamentada...” (Castel, 1997: 333). Se aprecia aquí, en esta condición, los aportes del taylorismo.
3. el acceso a través del salario a nuevas normas de consumo que convertían al obrero en el propio usuario de la producción en masa. Estamos ya en plena etapa del fordismo.
4. El acceso a la propiedad social y a los servicios públicos. Los trabajadores (en la Argentina, específicamente, a partir de 1945) comienzan a tener acceso a bienes colectivos tales como la salud, la higiene, la vivienda, la educación y el esparcimiento.
5. La inscripción en un derecho del trabajo que reconocía al trabajador como miembro de un colectivo dotado de un estatuto social, más allá de la dimensión puramente individual del contrato de trabajo. Aparecen, al final de este período, las leyes laborales, las convenciones colectivas y se acrecienta la capacidad negociadora de los sindicatos, institución en la que, nunca como antes, los trabajadores adquieren identidad como clase social.

iii. la condición salarial (1945-1975)

A partir del final de la Segunda Guerra Mundial (1945) y hasta mediados de la década del 70 se construyó un modelo de sociedad que en el orden laboral dio lugar al advenimiento de la condición salarial.  En este contexto se fundan los sistemas de relaciones industriales con eje en la negociación colectiva, los pactos laborales y la seguridad social (Godio, 2001: 156-157).Desde la perspectiva keynesiana todo lo que pueda contribuir a frenar los despidos será algo bueno desde el punto de vista de la regulación social. Del mismo modo, todo lo que ayude a impedir la caída del salario evitará la espiral descendente hacia el subempleo. Por último, todo lo que se encamine a sostener el poder adquisitivo de los trabajadores contribuirá al mantenimiento del equilibrio del sistema (Cohen, 1998: 102). 
¿Por qué condición salarial? Básicamente, por el papel protagónico que cumplió el salario al funcionar como fuerza impulsora de la dinámica social. Tener un empleo seguro, trabajar en el sector terciario de la economía, cobrar el sueldo mensualmente, acceder a un título, o ejercer una profesión dentro de una empresa constituyen rasgos propios de la sociedad salarial.  En este sentido, también la condición salarial operaba como impulsora del progreso individual.
En este escenario tuvo un papel destacado el rol regulador del Estado en tres direcciones principales: 1. la garantía de una protección social generalizada (los trabajadores ya no estaban sujetos a las arbitrariedades de los empleadores), 2. el mantenimiento de los grandes equilibrios y el pilotaje de la economía (la economía e incluso la producción experimentaban diversos grados de planificación, según la orientación de las políticas implementadas por los cada gobierno), y 3. la búsqueda de un compromiso entre los diferentes actores en el proceso de crecimiento (la negociación entre los empresarios y los trabajadores teniendo al Estado como árbitro, se constituyó en un recurso fundamental para la convivencia entre las clases sociales e incluso, para el desarrollo y el crecimiento económico) . En el orden social uno de los mayores logros de la sociedad salarial fue la integración de los diversos sectores y clases sociales. Como las brechas no eran tan profundas y la distribución era más equitativa, las tensiones tendían a resolverse en la mesa de negociaciones. Otros logros de la sociedad salarial fueron la expansión del consumo masivo, el acceso de muchos trabajadores a la vivienda propia, y la participación de la mayoría en la actividad cultural y el goce del tiempo libre (Castel, 1997: 387). Como consecuencia de estas transformaciones disminuyeron significativamente la pobreza y la marginalidad.

iv. De la sociedad salarial a la cadena invisible (las dos últimas décadas del siglo XX y los inicios del siglo XXI)

En la primera década del siglo XXI, en el programa de televisión argentina “Poné a Francella” se emitía un sketch en el que el empleado Sambucetti tenía que estar dispuesto a hacer lo que su empleadora, la señora de Roble, le exigiera. Estas exigencias siempre iban más allá de las tareas que eran propias del trabajo que Sambucetti hacía en la empresa. El empleado tenía que disfrazarse, hacer lo que ella le pidiera, hasta llegar a los límites de esa exigencia. Al final, cuando todo terminaba, Sambucetti, con tono de alivio y resignación, pronunciaba esta frase: “gracias a Dios no perdí el trabajo”.
Con la crisis económica mundial de mediados de los 70 la sociedad salarial se derrumbó y las condiciones laborales se estructuraron alrededor del modelo de las competencias que, como resultado produjo una condición laboral que sujeta con una cadena invisible y promueve la servidumbre voluntaria. El modelo de las competencias. sustituye la exigencia de calificaciones en los trabajadores y se desplaza hacia el requerimiento de características personales que se añaden a la calificación. Las calificaciones de un trabajador están compuestas por sus conocimientos sobre la materia en la que desarrolla sus labores (saber) más sus aptitudes para desempeñarse en el puesto de trabajo (saber hacer). En conjunto, las calificaciones se resumen en la fórmula “saber + saber hacer”.  Las competencias, en cambio, se agrupan en el saber ser, que consiste en adquirir la capacidad de adaptarse a las exigencias de la empresa, orientar el comportamiento en esa dirección, controlar las actitudes ante los demás (directivos, colegas, clientes, etc.), poner en evidencia las aspiraciones y exhibir el deseo de progresar. La competencia, entonces es más amplia que la calificación, y la incluye. Lo que busca el modelo de la competencia es, por un lado, asegurar que los trabajadores sean leales a la empresa y, por otro lado, que ellos hayan internalizado el conjunto de requerimientos de este proceso de trabajo, que está compuesto por la plena disposición física, psíquica y temporal del empleado al servicio de la producción. En este nuevo contexto el empresario no remunera igual a todos los trabajadores que ocupan el mismo puesto, sino que le paga a cada individuo según la manera en que se desempeña en el puesto...(Durand, 101).
El modelo de las competencias en el orden laboral es funcional a los dos principios básicos que regulan la producción: 1. El flujo tenso. Este concepto remite al ensamble sin interrupciones ni fisuras de todas las partes que integran el proceso de producción de un bien o un servicio. Contiene en su esencia el imperativo de la economía de tiempo porque organiza el trabajo en tiempo restringido. En  este punto el modelo es heredero del toyotismo. 2. El trabajo en equipo (team work). Este componente es el complemento necesario del flujo tenso. Consiste en la reorganización del trabajo privilegiando su carácter colectivo. El trabajo en equipo requiere buena disposición para trabajar en grupo y compromiso de los empleados con los objetivos de la tarea. De manera indirecta esto implica estimular el esfuerzo individual dentro del grupo, lo que de algún modo lleva a alimentar la competencia entre quienes lo componen y, al mismo tiempo, supone un control del trabajo sin un controlador directo, porque la ruptura del flujo denuncia la falla en el conjunto. En este sentido, el trabajo en equipo es uno de los pilares de la implicación forzada de los trabajadores asalariados en los objetivos y valores de la empresa. El que no está en sintonía tiene muchas chances de quedar afuera.
Si dejamos de lado el aspecto humorístico de la referencia anterior al programa de Guillermo Francella, los conceptos de implicación forzada y servidumbre voluntaria expresan lo que tiene que hacer el trabajador si quiere conservar el empleo y aspirar a lograr mejores posiciones dentro de la empresa. Los trabajadores deben comprometerse a fondo en su trabajo porque no tienen otra alternativa si quieren conservar su empleo. Lo que predomina en la evaluación del desempeño es el comportamiento del trabajador y su nivel de implicación con los valores de la empresa. En función de eso las remuneraciones se fijan en forma individual, según se cumpla o no con el requisito de la implicación. Al mismo tiempo las remuneraciones se complementan con otros beneficios que no son retribuidos en dinero (concesiones dentro de la jornada laboral, incentivación de la creatividad, promesas de ascensos, generación de cargos, etc.). “Como hay efectivamente compensaciones no salariales para el compromiso en el trabajo, los empleados a menudo se ocupan en labores ingratas y las realizan lo mejor que pueden” (Durand, 24-25).

Referencias bibliográficas

Castel, Robert (1997): Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. Buenos Aires, Paidós.
Cohen, Daniel (1998): Riqueza del mundo, pobreza de las naciones. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
Durand, Jean-Pierre (2011): La cadena invisible. Flujo tenso y servidumbre voluntaria. México, Fondo de Cultura Económica.

Godio, Julio (2001): Sociología del trabajo y política. Buenos Aires, Editorial Atuel.

martes, julio 26, 2016

El periodismo y la justicia por pluma propia

Me gustan Foucault y Sloterdijk porque además de su preciosa erudición tienen esa fantástica percepción para poder extraer de un hecho, un acontecimiento, una obra de arte o una frase  puntual, la punta del ovillo que les permite luego desenredar la madeja y exponer frente a nosotros un estado de época, un problema filosófico o una condición de la sociedad. Quienes leyeron "Las palabras y las cosas" recordarán la remisión al texto de Borges y a "Las meninas" de Velázquez o, en "vigilar  y castigar",  el  inicio con la exposición de la condena del  caso Damiens, en 1757. Sloterdijk comienza su libro " Los hijos terribles de la edad moderna" con el recuerdo de una ocurrencia de Madame de Pompadour en una reunión social, curiosamente también en 1757, que luego se popularizó hasta llegar a nosotros: "después de nosotros el diluvio".
Por supuesto no pretendo ponerme a la altura de esos dos intelectuales. Hasta me ruboriza citarlos como pretexto para comenzar mi nota. Pero después de leer "Cristina presa", la columna de Jorge Lanata del sábado 23 de julio de 2016 en el diario Clarín, me dije que tenía que usar ese formato para dejar constancia documentada de lo que desde hace ya un tiempo se sostiene sobre el poder del periodismo para juzgar y condenar como un poder judicial paralelo, del tipo como el que en tiempos más nefastos llevaron adelante los poderes  paramilitares para ejecutar a sus víctimas por afuera de los marcos institucionales. Tómese esto como una analogía y no como una relación de igualdad. Si lo entendemos así hemos avanzado un montón, tal como le pasó a Freud cuando supo que los nazis quemaron sus obras y se alegró porque, se dijo a sí mismo, en otro momento me hubieran quemado a mí.
No creo que hacia atrás o hacia adelante podamos encontrar un documento mejor para que la historia cuente con un ejemplar del poder jurídico del periodismo político de nuestra época.  Cuando ustedes lo lean verán que la frase que da el título a esta nota es la sentencia con la que el periodista termina su columna. No vale la pena intentar un análisis de los considerandos que le permiten a él dictar sentencia. Sería entrar en el juego propuesto de nuestros días que consiste en enfrascarse en disputas interminables acerca de quién es más malo, más corrupto, más venal, más traidor, más panqueque, etc., etc. Verán que hay argumentos extraídos de los más diversos campos: jurídico (el "cumplimiento de la ley") político (la opinión de personajes políticos sobre el tema: Solá, Ocaña, Conti y las crónicas del momento), retórico (el uso de argumentos ad hominem y de modestas ironías), histórico (Juana de Arco, "la mentira setentista"), cultural, literario o cinematográfico (cita una película de Tarkovski, -"El sacrificio"-). Ninguno de ellos, sin embargo, tiene mayor peso que el de la opinión sobre los mismos asuntos que pudiera expresar cualquiera de nosotros, sólo que, ninguno tiene semejante atril para decir lo suyo. Lo que importa es que una vez que junta todos sus pareceres dicta sentencia: "Por eso Cristina tiene que ir presa".
Lo que tiene de valioso la columna es su carácter testimonial de un estado de situación del  cual se habla mucho pero que, hasta donde llega mi información, hasta ahora no contaba con una sentencia escrita como ésta. Es cierto, unos días antes, Alfredo Leuco también firmó la sentencia y nos dio su palabra pero en un editorial televisivo. A mi juicio, la  columna de  Jorge Lanata tiene la fuerza de la escritura capaz de hacer que la historia la utilice para explicar más adelante en qué consistió el poder judicial o jurídico del periodismo en los inicios del siglo XXI.
Pero el carácter jurídico y corporativo del periodismo no termina ahí. En la nota de Horacio Verbitsky del domingo 24 de julio de 2016 leemos lo siguiente:

Las demandas de la ex presidente CFK contra periodistas y diputados que formularon acusaciones temerarias en su contra no son el mejor camino para quien ocupó la máxima posición institucional durante ocho años, durante cuyo transcurso cumplió con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y despenalizó los delitos de calumnias e injurias en casos de interés público. La ley dictada en 2012 como culminación del caso Kimel suprimió la sanción penal y dejó abierto el camino para las acciones civiles por daños, pero con las condiciones que fija la vasta jurisprudencia en materia de libertad de expresión consolidada por numerosos pronunciamientos de los sistemas americano y europeo de protección de los derechos humanos. Cristina ya no es funcionaria y se declara cansada de que digan cualquier cosa de ella y de sus hijos. Pero haber salido del gobierno no la convierte en una persona privada, ya que se debaten actos de interés público realizados cuando lo presidía. Quienes lo señalan son o legisladores en ejercicio de sus funciones o periodistas que ejercen la libertad de expresión, un derecho indispensable para la existencia de una sociedad democrática, según aquella jurisprudencia. Esto no cambia por el carácter burdo y malintencionado de las diatribas que padece, ya que los principios y derechos se defienden aun cuando su ejercicio sea repugnante, porque está en juego el interés colectivo superior de proteger un debate político robusto y desinhibido. En el caso de informaciones falsas, la Convención Americana de Derechos Humanos contempla el derecho de réplica o rectificación, que puede ser exigido judicialmente (las cursivas son mías).

Si entiendo bien el fondo del argumento de Verbitsky, en virtud del sacrosanto derecho a la libertad de expresión la corporación periodística judicial queda a buen resguardo y se posiciona por encima del peligroso y auto-concedido poder de juzgar y condenar (o exculpar)  que esa misma corporación ejerce públicamente sin que haya ninguna restricción que se lo impida como no sea la de creer en la ingenuidad que el mismo Verbitsky menciona de, en caso de resultar uno afectado, exigir judicialmente el derecho a réplica o rectificación como si esa posibilidad estuviera exenta de ser manipulada u orientada por ese mismo poder periodístico judicial o por los otros poderes del estasblisment. En cuanto al "interés colectivo superior de proteger un debate político robusto y desinhibido", me siento en peores condiciones que Diógenes en busca del hombre para dar con un ejemplar de discusión política que reúna las cualidades que menciona el periodista.
Dos consideraciones finales. La primera tiene que ver con la imposibilidad real de modificar este estados de cosas simplemente porque pertenece a un componente estructural de la época en lo que se refiere en la construcción y transmisión de formatos y contenidos culturales. Los periodistas ocupan hoy el centro de la escena en la que se definen las formas masivas de pensamiento y opinión. Como en otro tiempo lo ocuparon los filósofos, los monjes, y los profesores y maestros, ahora les toca a ellos llevar adelante esa función dentro de la estructura de poder del momento.  Es poco probable que las redes sociales puedan quitarle ese lugar a los periodistas en el mediano plazo.

La segunda consideración me permite recordar que llamar la atención sobre esto no es nada original. Cualquiera puede remitirse a textos de autores de mayor fuste para profundizar acerca de los peligros del ejercicio del periodismo moderno. Karl Kraus ("contra los periodistas y otras contras"), Pierre Bourdieu ("sobre Karl Kraus y el periodismo" y "La influencia del periodismo", Umberto Eco ("Crítica del periodismo", además de su novela "Número cero"), Pierre Rosanvallon ("La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza"), Niklas Luhmann ("La política como sistema" y "La realidad de los medios de masas") pueden ser un buen punto de partida para empezar a leer sobre este mal de la época y entender el problema dentro del cual estamos nosotros encuadrados.

viernes, julio 08, 2016

Deslegitimación y destrucción de la política: comunicación negativa, poderes de control y apelación a los valores

Por deficiencias propias de las administraciones y oportunismo ajeno de las oposiciones la actividad política en las democracias contemporáneas exhibe una tendencia hacia la des-legitimación permanente de los gobiernos elegidos por mayoría.  Este proceso se traduce en desconfianza hacia el sistema político en general, y la democracia en particular y es el resultado del aprovechamiento por parte de todos los actores del sistema (gobierno, oposición, movimientos sociales, MMC, corporaciones, etc.) de la desconfianza de la población en los gobiernos y en las elecciones. El proceso de deslegitimación se lleva a cabo a través de la puesta en acto de dos grandes estrategias o recursos:
1. Producción de comunicación política negativaComunicación política negativa es  aquella producida de manera deliberada por un conjunto de emisores organizados con la finalidad de desinformar, confundir y escandalizar a los receptores a los que van dirigidos sus mensajes. La comunicación negativa tiene una usina, dos grandes grupos de voceros, dos espacios de difusión bien definidos y dos beneficiarios que se excluyen mutuamente pero son funcionales uno al otro. La usina de la comunicación negativa es el conjunto de factores de poder que construye estrategias discursivas (argumentos racionales y/o emocionales) que sostienen sus intereses sectoriales. Sus voceros son los periodistas y los políticos parlamentarios (en general, los legisladores). Los espacios sociales privilegiados donde se expresa la comunicación negativa son los medios de comunicación y el parlamento. Finalmente los beneficiarios son indistintamente el gobierno y la oposición, según la dirección en la que se orienta la producción de esta comunicación.
2. Formación de contrapoderes. La otra ruta que conduce a la deslegitimación es la que Pierre Rosanvallón (2007) denomina contrademocracia y que consiste en la formación y el avance de los contrapoderes. El fervor por la legitimidad de ejercicio desplaza o minimiza la importancia de la legitimidad de origen y, al mismo tiempo, impulsa la formación de contrapoderes. Los contrapoderes despliegan un conjunto de formas indirectas del ejercicio del poder que se activan en la periferia del sistema, cuestionan el funcionamiento de las instituciones y son más eficaces cuanto más las debilitan. Según este autor actúan como una fuerza material de resistencia práctica a los poderes legitimados sólo por el voto, y se constituyen en un problema, una sanción y un cuestionamiento a lo instituido. Los contrapoderes se manifiestan de manera permanente, sin restricciones y se presentan agrupados en tres grandes conjuntos:
2.1. Poderes de control. Los poderes de control se presentan en tres modalidades: Como vigilancia, como denuncia y como calificación.
* La vigilancia puede ser de dos tipos. Por un lado, la vigilancia cívica que es una vigilancia directamente política y se manifiesta por medio de intervenciones en la prensa o en asociaciones (por ejemplo, sindicatos o cámaras empresarias), haciendo huelgas o peticionando. La protesta y el llamado de atención son sus expresiones más eficaces. Por otro lado, la vigilancia de regulación que es indirecta y se caracteriza por ser evaluativa y crítica de los gobernantes.
* La denuncia se sostiene en la figura del escándalo y tal vez sea uno de los recursos más utilizados por los contrapoderes que, por medio de sus voceros, la utilizan para producir comunicación política negativa. También cumple una función de agenda y produce un triple efecto: de institución, de moralización (en el sentido de ausencia de transparencia), y de afectación de la reputación de los políticos y los gobernantes.
* la calificación es una especie de evaluación de las administraciones y la política que pretende documentar y argumentar técnica y cuantitativamente el desempeño y las acciones de los funcionarios. También, en este caso se vigila o se pone en juego la reputación, pero ya no de orden moral sino de orden técnico, de competencia o de idoneidad de los gobernantes.
2.2. Poderes de sanción y obstrucción. Estos poderes se organizan en coaliciones que, en conjunto, le dan forma a un poder sustentado en la capacidad de impedir.  Según Rosanvallón no necesitan ser coherentes, y por eso son frágiles y volátiles (en nuestro país sobran los ejemplos de “alianzas” construidas para llevar adelante esos propósitos). Por lo general se expresan en el bando de la oposición y constituyen “una democracia de rechazo frente a una democracia de proyectos”. Mantienen una confrontación permanente de vetos e impugnaciones que provienen de grupos económicos, sociales y políticos, apoyados en una población siempre dispuesta a favorecer los obstáculos capaces de frenar las acciones de gobierno.
2.3. Poderes de enjuiciamiento y judicialización de la política. Se espera de los procesos judiciales lo que no se obtiene en las elecciones. La democracia del debate y la confrontación le deja su lugar a la democracia de imputación. Se impone el juicio como procedimiento de puesta a prueba de los comportamientos.  Es una especie de política de la política (metapolítica) considerada superior a las elecciones porque produce resultados más tangibles. La judicialización de la política no busca el ejercicio de la justicia distributiva o de mayor equidad sino una falsa justicia represiva, de sanción y estigmatización del sistema y de los políticos vistos como sospechosos y defraudadores voluntarios. Parece que se condena  a las personas, pero se termina enjuiciando al sistema.
La apropiación ciudadana de los contrapoderes conduce a devaluar y disminuir el poder legal. Con estas prácticas y estas estrategias conducen a la des-legitimación de los gobiernos surgidos del voto popular y, con ello, contribuyen al desencanto democrático.  Al mismo tiempo debilitan la capacidad de la sociedad de entender la política como un proceso complejo que debe  captarse y entenderse como una totalidad y no  por episodios o eventos aislados e inconexos. Lo que los contrapoderes ganan en control, obstrucción, impugnación e imputación lo pierde la sociedad en visibilidad y en legibilidad del conjunto. Se presta demasiada atención a cada hecho, evento o episodio de la coyuntura política, económica, educativa o de cualquier otro ámbito, y se pierde de vista el carácter complejo, sistémico y estructural del funcionamiento democrático.
Según Rosanvallón cuando el ejercicio de estos poderes indirectos degenera, se instaura la antipolítica que no es otra cosa que la tendencia contemporánea a la disolución de lo político. La antipolítica es la consecuencia patológica del control, la obstrucción y la sospecha que termina en la estigmatización compulsiva y permanente de los gobernantes, hasta el punto de constituirlas en fuerza enemiga, radicalmente exterior a la sociedad. Concibe el poder como una máquina siniestra de conspirar y complotar. Es un verdadero problema contemporáneo, una patología de la política de nuestro tiempo:se busca tanto la transparencia política que se termina abandonando la búsqueda de la construcción de un mundo común. Se está más atento a la moral y las cualidades de los políticos que a la búsqueda del bienestar o del interés general. En pocas palabras, la antipolítica es heredera de un estilo de ridiculización política ilustrado principalmente por la prensa y los MMC que asumen una perspectiva pesimista y desilusionada, a partir del ejercicio de la comunicación negativa, que no busca tanto cambiar el curso de las cosas como disminuir y abuchear a los funcionarios.
En simultáneo, el sistema pretende re-legitimar la democracia y el  funcionamiento del sistema político apelando a los valores. Con la prédica de valores el sistema se hace inseguro e inestable porque a la hora de decidir tiene que optar por opciones concretas y, muchas veces, contrarias entre sí. Mientras los valores intentan legitimar el sistema, las decisiones ayudan a acrecentar las tensiones. En este contexto, para seguir actuando en política hay que incluir en los discursos y exposiciones, apelaciones a la paz, la libertad, el consenso, el diálogo, etc., sabiendo que los problemas que el entorno le plantea al sistema exigen otras fuentes donde abrevar y otros recursos para funcionar. Esta forma de legitimación es inconducente porque olvida la separación entre la forma que la política elige para adoptar soluciones y los problemas estructurales de la sociedad moderna que no guardan ninguna relación con esos valores. Al hablar de valores lo que se pretende ocultar es la autorreferencia de la política, el hecho objetivo de que la política y todos sus actores trabajan para sí mismos. Se prefiere que no se note que muchos de los valores que se usan para armar el discurso democrático de la política actual, muchas veces se contradicen entre sí (paz/justicia, libertad/igualdad). Pero no deja de ser un trabajo interesante de los políticos hablar siempre sobre valores porque lo que se sabe es que hablando no se decide. Para decirlo de otro modo, el sistema habla de valores pero gobierna tomando decisiones concretas. Cuando uno se da cuenta de todo esto advierte que la diferencia de programas entre partidos es una ficción con la que hay que contar para que el sistema político siga haciendo su trabajo y cumpliendo con su función, porque lo que no puede dejar de hacer es seguir tomando decisiones.

Bibliografía citada

Rosanvallón, Pierre (2007): La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza. Buenos Aires, Ediciones Manantial.
--(2009): La legitimidad democrática. Imparcialidad, reflexividad, proximidad. Buenos Aires, Ediciones manantial

Torres Nafarrate, Javier (2004): Luhmann: la política como sistema. México, fondo de Cultura Económica

jueves, julio 07, 2016

Evolución y formas del Estado Moderno explicado para Facebook

La política moderna nace en Europa con el surgimiento del Estado en el siglo XVI en el contexto de las divisiones políticas y los conflictos religiosos que siguieron al derrumbe del mundo medieval, y las nuevas controversias en torno a la naturaleza de la autoridad política (Held, D.: 1997, 53). La aparición del Estado logró imponer un orden legal que hizo aceptable la relación de subordinación de los gobernados hacia los gobernantes. Norberto Bobbio define el Estado como “un ordenamiento jurídico para los fines generales que ejerce el poder soberano en un territorio determinado, al que están subordinados necesariamente los sujetos que pertenecen a él” (Bobbio, N.: 1996, 128). De acuerdo con esta definición, la noción de Estado supone la integración de tres grandes componentes: el pueblo, el territorio y, para decirlo en términos de Max Weber, el monopolio de la violencia legítima, es decir el uso de la fuerza pública. Este último componente es el que oficia como factor insustituible para la configuración del Estado. Lo paradójico de la fuerza pública del Estado consiste en que su razón de ser es evitar otro tipo de violencia: la violencia ilegítima, es decir esa violencia que se ejerce sin la aceptación ni el consenso necesario de parte de quienes están dispuestos y expuestos a padecerla.
Desde sus orígenes la función política del Estado fue tomar decisiones colectivamente vinculantes. Para consolidarse como autoridad política y estar en condiciones de cumplir con su función el Estado necesita ejercer el poder. En sentido amplio, se define el poder como la capacidad de influir en los otros de manera tal que lleven a cabo acciones que de otro modo no harían.  En sentido restringido, el poder político se caracteriza por hacer que esa capacidad de influencia sea negativa. Esto significa que el poder político funciona como amenaza, es decir, como un “mecanismo de anticipación” que está ahí y que se exhibe, pero para no ejercerlo positivamente. Por eso, el ejercicio del poder político para usar la violencia legítima es sólo una forma de influencia de última instancia.
La forma política Estado, entre el siglo XVI y mediados del siglo XX, evoluciona en la dirección que le imponen los problemas surgidos de la relación que mantiene con otros sistemas de la sociedad pero, principalmente, con el sistema económico y con el sistema jurídico. Distintos autores ofrecen clasificaciones y tipologías diversas para describir esa evolución pero, simplificando un poco las cosas, se pueden distinguir cinco grandes formas de Estado dentro de ese largo período de la política moderna:
* El Estado absoluto. Entre el siglo XVI y fines del siglo XVIII toma forma el Estado absoluto que presenta dos características distintivas en la concepción del poder. La primera de esas características es la concentración. En este aspecto el poder recae únicamente en la figura del Rey o monarca que ejerce la soberanía dictando leyes colectivamente vinculantes, usando de manera exclusiva la fuerza tanto en el ámbito interior como en los conflictos con otros Estados, e imponiendo tributos. La otra característica de esta concepción del poder es la centralización que supone la capacidad del Estado de subordinar a cualquier otro ordenamiento jurídico (comercial, corporativo o particular) a su poder soberano y a legitimarlos sólo si son reconocidos por él (Bobbio, N., 160-161). Con estas dos características esta forma de estado resolvió un problema de dispersión territorial y del poder.
* El estado liberal-representativo. Desde fines del siglo XVIII las revoluciones liberales aportaron un nuevo diseño de Estado mínimamente implicado en la regulación de la actividad social, respetuoso del libre comercio, y garante de ciertos derechos individuales, es decir, derechos que, a partir de entonces, están protegidos por la ley. Para fines del siglo XIX el desarrollo del Estado representativo coincide con las fases sucesivas de la ampliación de los derechos políticos hasta el reconocimiento del sufragio universal masculino y femenino. Esto exige la formación de partidos organizados y modifica profundamente la estructura del Estado representativo. Esta alteración en la forma de representación llevó a la transformación política del Estado representativo en Estado de partidos en el que los sujetos políticos relevantes ya no son los individuos sino los grupos organizados alrededor de intereses generales o, más específicamente, de intereses de clase. La regla de la mayoría orienta a los órganos que tienen a su cargo tomar las decisiones colectivamente vinculantes, pero con el tiempo esa orientación termina por tener un valor formal de ratificación de decisiones tomadas en otro lugar mediante procedimientos de acuerdos y consensos de los grupos “representativos” (Bobbio, N.: 1996, 163-164). El estado liberal-representativo resuelve un problema de representatividad y de inclusión social.
* El Estado de bienestar. Se consolida hacia mediados del siglo XX y comienza a mostrar signos de agotamiento a principios de la década del setenta. El Estado de bienestar se caracteriza por exhibir un “desbordamiento” de sus funciones al intentar resolver desde la política problemas propios de otros subsistemas (sobre todo del subsistema económico y del sistema de seguridad social) sin contar con los recursos ni con las posibilidades de llevar adelante esa tarea. Eso hace que el Estado de bienestar adquiera un funcionamiento expansivo incrementando sus intervenciones sobre otros ámbitos de la sociedad y, de ese modo, expandiendo también la cantidad y la magnitud de los problemas. Sobre el final del siglo veinte esta dinámica es la que lleva al Estado de bienestar a una situación de crisis que se prolonga hasta nuestros días. Esta forma de Estado intenta resolver un problema de distribución.
* El Estado neoliberal. Sobre finales del siglo XX y principios de este siglo, como respuesta a ese estado de crisis, se impuso la fórmula del Estado neoliberal que retoma la senda del Estado mínimo pensado por los teóricos del liberalismo político de los siglos XVII y XVIII, pero con un mayor énfasis en la desregulación de la actividad económica en general, de los mercados financieros en particular, y en la prescindencia de cualquier intervencionismo (propio del Estado de bienestar) sobre todo, en materia de asistencia social y preservación de derechos individuales y colectivos. En este caso se trata de un problema de regulación según la óptica de quienes fomentan este nuevo formato de Estado.
* El Estado privatizado. Según  Béatrice Hibou en nuestra época "la función económica de los Estados -nación es ya obsoleta o cuanto menos muy marginal" (Hibou, B.  2013, 15). Sin embargo, lo que caracteriza a esta noción no es la primacía de lo privado sobre lo público, ni tampoco la retirada del Estado. Más bien lo que ocupa el centro de este formato es la presencia casi insustituible de la negociación como categoría permanente entre el lo público y lo privado y la delegación de funciones que otorga a los privados una nueva reconfiguración de las condiciones de poder (ejemplos concretos son la delegación de funciones de seguridad y el asenso de los prestanombres y los intermediarios dentro de esta nueva lógica. de empoderamiento). En esa atmósfera la relaciones de poder adquieren un nuevo significado: "… los contratos o acuerdos, formales o informales, entre el Estado y los actores privados no están hechos para durar; son, por el contrario, voluntariamente inestables, casi volátiles, secretos, y tienen que renegociarse constantemente". (Béatrice Hibou: 2013, 37). En pocas palabras, lo que define esta nueva forma de Estado es la relación entre lo público y lo privado, el carácter siempre tenso de esa relación que exige un ir y venir constante entre conflicto y negociación y, por último, el control indirecto por parte del gobierno de ese estado de situación permanente. Para Hibou “la privatización de los Estados”.... traduce los procesos concomitantes de ampliar la participación de intermediarios privados a un número creciente de funciones que antes correspondían por derecho al Estado, y de una nueva distribución de este último… En este contexto, las puertas están abiertas y la mesa está servida para el negocio del crimen organizado en la política y la economía.

Bibliografía citada

Bobbio, Norberto (1996): Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política. México, Fondo de Cultura Económica.
Held, David (1997): La democracia y el orden global. Del Estado moderno al gobierno cosmopolita. España, Editorial Paidós.
Hibou, Béatrice (2013): De la privatización de las economías a la privatización de los Estados. Análisis de la formación continua del Estado. México, Fondo de Cultura Económica.



domingo, junio 12, 2016

El Capitalismo de nuestros días explicado para Facebook

Si democracia es el nombre que el sistema político se da a sí mismo en la actualidad, capitalismo es el nombre con el que el sistema económico moderno se auto-describe por lo menos, desde mediados del siglo XVIII. Como dice Brown (2010, pág.53) el capitalismo es el más robusto de los dos mellizos y supo reducir la democracia a una marca cuya imagen se vende separada de su contenido real. 
El capitalismo es el régimen económico dentro del cual el capital junto con el trabajo son los principales factores de producción. Según Piketty “el capital se define como el conjunto de los activos no humanos que pueden ser poseídos e intercambiados en un mercado. El capital incluye sobre todo el capital inmobiliario (inmuebles, casas), y el capital financiero y profesional (edificios, equipos, máquinas, patentes, etc.) utilizado por las empresas y las agencias gubernamentales”. (Piketty, 60) “... reúne pues todas las formas de riqueza que, a priori, pueden ser poseídas por individuos (o grupos de individuos) y transmitidas o intercambiadas en un mercado de modo permanente. En la práctica el capital puede pertenecer ya sea a individuos privados (se habla entonces de capital privado), o bien al Estado o a la administración pública (capital público). El capital no es un concepto inmutable: refleja el estado de desarrollo y las relaciones sociales que rigen a una sociedad dada (Piketty, 61) El capital cumple dos grandes funciones económicas. por un lado funciona como reserva de valor y, por otro, lado, como factor de producción.
El capitalismo es un régimen de acumulación. El capital en su origen es el resultado de un proceso de acumulación de dinero, luego diversificado en distintas clases de bienes que en conjunto definen el patrimonio que en general está en manos de empresas, organizaciones, gobiernos y capitalistas individuales. Desde una perspectiva estrictamente económica, esta acumulación de capital adquiere dos formas. 
Por un lado adquiere la forma económica de bienes producidos que sirven para producir otros bienes. El capital, en este caso, se acumula como medios de producción. Desde los inicios de la modernidad, en el proceso de producción, el capital acumulado se transforma en capital industrial, compuesto por capital fijo (edificios, maquinarias, campos, etc.) y capital circulante (materias primas, energía salarios, etc.). En este proceso el endeudamiento es funcional a la estrategia de las empresas de aumentar su capital fijo a través de la obtención de préstamos en el mercado financiero. Por otro lado, el capital puede acumularse como capital financiero, es decir, como dinero que se sustrae al circuito productivo y se coloca en mercados que ofrecen a cambio una renta bajo distintas condiciones de riesgo. En ambos casos la función del capital es producir un excedente.  En función de esta distinción dentro del capitalismo contemporáneo podemos reconocer dos grandes tipos de capital.
a. El capital productivo. Esta forma de capital se utiliza de manera predominante dentro de la economía real. La economía real es la que sostiene su dinámica en la producción, es decir, en un entorno en el que intervienen empresas que producen bienes que venden en el mercado, que contrata gente para que trabaje en sus proyectos productivos y que saben que lo que vale su empresa depende de las ganancias que es capaz de obtener por lo que en definitiva vende en el mercado de consumo de bienes y servicios. Estas empresas, y por lo tanto la economía real, necesitan tiempo y dinero para llevar adelante sus proyectos productivos. En los últimos setenta años, dentro del esquema de la economía real, el capitalismo se expandió durante el período comprendido entre fines de la segunda guerra mundial y mediados de la década de los años setenta. En ese lapso generó expectativas orientadas al logro de metas tales como el pleno empleo, mejoras en las condiciones de trabajo y seguridad social, la inserción de grandes masas de la población occidental en el consumo y, en líneas generales, el mejoramiento colectivo de la calidad de vida. El fordismo apareció en los inicios de la segunda mitad del siglo XX  como un régimen de acumulación excepcional en términos de rapidez y estabilidad del crecimiento y del progreso del nivel de vida. Este régimen de acumulación con predominio de la producción permitió conciliar alto nivel y estabilidad de la ganancias para el capital, con un progreso del ingreso de los asalariados. Fue capaz de conjugar el dinamismo del sector privado con la amplitud de las intervenciones públicas. Finalmente combinó eficacia dinámica en los procesos de producción con moderación de las desigualdades.
b. El capital financiero es el protagonista dentro del régimen de acumulación vigente desde la crisis del modelo anterior hasta nuestros días. Esta forma de capital dio lugar al régimen de acumulación con predominio financiero que fue el resultado de la confluencia de tres factores: 
1. el agotamiento del régimen anterior  a partir del estancamiento de la producción y el aumento de la inflación; 
2. la entrada de los avances tecnológicos y los medios masivos de comunicación sobre la economía y sobre los procesos industriales, y 
3. la adopción deliberada de políticas tales como la liberalización de la economía, la desregulación de los mercados y la privatización del patrimonio del Estado. 
El objetivo de este nuevo régimen fue aumentar el valor del capital financiero en todas aquellas plazas que estuvieran en condiciones de sostener un mercado con capacidad para recibir inversiones extranjeras. Dentro de este nuevo régimen de acumulación los mercados financieros buscaron disminuir la importancia de la actividad económica centrada en la producción y aumentar el valor de aquellas operaciones centradas en las transacciones financieras. Las políticas económicas que impulsaban la regulación y la intervención del Estado en la economía y la negociación entre el capital y el trabajo que caracterizaron al régimen anterior fueron sustituidas por políticas de corte liberal que minimizaron el rol del Estado y potenciaron la autonomía de los mercados. En este régimen el dinero proveniente del ahorro se transforma en capital financiero y se concentra en manos de sociedades especializadas en operaciones de inversión, instituciones financieras y los mercados de títulos. A través de los mercados de obligaciones públicas y privadas, la gestión del ahorro se convierte en una poderosa herramienta para la acumulación y centralización financieras. A partir de ahí contribuye a la distorsión de las relaciones económicas y políticas entre el capital y el trabajo. Se establecen, entonces, ventajas decisivas para el capital reforzando su “financiarización” y el peso de la inversión y de los mercados financieros. 
En este contexto cobra impulso la formación de capital especulativo y el privilegio de la especulación como modalidad de generación de renta en lugar de los beneficios que provienen de la producción dentro de la economía real.  Estas innovaciones transformaron la manera de hacer negocios y de intervenir en las relaciones comerciales en la medida que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) permitieron realizar transacciones más rápidas y con mayor alcance.  En pocas palabras, estos cambios hicieron posible superar limitaciones de tiempo y de espacio. Dentro de este marco los trabajadores tuvieron que aprender y adecuarse constantemente a las cambiantes condiciones de la producción y del mercado. Esto les exigió una enorme capacidad de adaptación personal y una permanente vinculación con ofertas de capacitación.
Para terminar hay que decir que el régimen de acumulación con predominio financiero se impuso también a los Estados. Por un lado, la globalización financiera puso en competencia a los Estados por el acceso a los financiamientos, y esto trajo conflictos y desequilibrios de considerable magnitud. Podemos mencionar dos. Uno de ellos tiene que ver con el poderío de los protagonistas de las altas finanzas internacionales (fondo de pensión, fondos mutualistas y bancos, capitales de riesgo), que son los que concentran la oferta de capitales y poseen los medios para (intentar) imponerles sus reglas a los gobiernos de turno. El ejemplo del conflicto de Argentina con los holdouts, (“fondos buitres”), resulta un testimonio cabal de esta estrategia de imposición. Por otro lado, la magnitud de los capitales especulativos y la cantidad de operaciones que llevan a cabo diariamente ponen en jaque la capacidad de resistencia de cualquier país ante una oleada especulativa. Como dice Dominique Plihon (84-85), “ Ningún país puede resistir una ola especulativa fundada en un desafío a su política. A fin de escapar a la “sanción” de los mercados, las políticas macroeconómicas nacionales en lo sucesivo se subordinan a los imperativos de las finanzas internacionales.... Los bancos centrales, que han llegado a ser independientes del poder político, quedan de facto bajo la dependencia de los mercados financieros y de la presión de las grandes corporaciones”.
El siglo XXI comenzó con la consolidación de la subordinación de la economía real y de los Estados al poderío del capital financiero. Sobre la base del régimen de acumulación con predominio de esta forma de capital se consolidaron tres características estructurales de la nueva configuración del capitalismo: la propensión al riesgo, la informalidad y las prácticas económicas criminales.

Bibliografía citada:

Brown, Wendy: "hoy en día, somos todos democráticos" en: AAVV (2010): Democracia, ¿en qué Estado? Buenos Aires, Prometeo Libros.
Piketty, Thomas (2014): El capital en el siglo XXI. Ciudad de Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
Plihon, Dominique (2003): El nuevo capitalismo. México. Editorial siglo XXI



Transformaciones estructurales en la política y la economía posmodernas

El carácter autorreferente, auto-reproductivo y operacionalmente cerrado de los sistemas sociales permite comprender las transformaciones producidas desde el inicio de la modernidad tardía, segunda modernidad o posmodernidad (digamos desde el último cuarto del siglo XX) en la política y la economía.
Tanto el sistema político como el sistema económico moderno se auto-reproducen a partir de sus propias operaciones. En el caso de la política la operación que le es propia es la comunicación de decisiones colectivamente vinculantes, por lo general emanadas desde el gobierno. Esas decisiones generan dentro del sistema político otro tipo de comunicaciones (debates, protestas, denuncias, etc.) propias de los otros actores del sistema (legisladores, movimientos sociales, oposición, medios masivos de comunicación, etc.) que dan lugar a la toma de nuevas decisiones que renuevan el ciclo de comunicación política y de esa manera dinamizan el sistema cerrándolo sobre sí mismo y haciéndolo autorreferente. Esto último significa que, como resultado de esa manera de funcionar, el sistema, en vez de operar teniendo en cuenta lo que pasa en su entorno, es decir, afuera de la política, termina por referirse a sí mismo con cada una de sus operaciones. Lo que el sistema político necesita es que haya siempre comunicación interna entre los actores del sistema y no, como se supone, que resuelva problemas que forman parte de su entorno externo. Al estar tan ocupado en ese aspecto, el sistema deja de lado los problemas verdaderos de la sociedad (los problemas económicos, los problemas educativos, los problemas ecológicos, etc.). Los problemas pueden esperar mientras la política produce comunicación para seguir hablando sobre ellos. Con la misma lógica, el sistema económico se auto-reproduce mediante la producción continua e interminable de elementos del sistema (pagos) a través de su medio de comunicación específico: el dinero. Al constituirse los pagos en el elemento insustituible para que el sistema mantenga su continuidad, deja de tener importancia el valor de lo que se está pagando, los problemas y tribulaciones de la gente, o las dificultades por las que atraviesan la educación, la salud, el mercado inmobiliario, etc.
Ahora bien, ni las decisiones vinculantes ni los pagos llevan consigo alguna carga moral, ni siempre responden a coerciones normativas que los incline a operar sólo con el lado bueno o legal de las operaciones. Por eso hay que admitir que adentro de los sistemas todo puede pasar, aún lo que desde afuera de ellos pueda evaluarse como malo, negativo inmoral o ilegal. A pesar de lo que a todos nos gustaría, las decisiones seguirán siendo lo que son a pesar de que con ellas puedan buscarse efectos que beneficien deliberadamente a unos en perjuicio de otros, y los pagos seguirán siendo pagos con independencia del "valor" moral o legal de la contraprestación recibida. Atentos a esto, deberíamos considerar con mayor atención las tres grandes transformaciones, entre otras de menor impacto que se produjeron en la política y la economía en los tiempos de la modernidad tardía:

1. la propensión al riesgo

Una de las características de las decisiones políticas es la imposibilidad de prever sus efectos. Por un lado esa característica estructuró el espacio social alrededor del eje del riesgo e hizo que fuera un espacio evaluado en términos de seguro/inseguro. La contrapartida del riesgo que se asume en cada decisión es la búsqueda de seguridad que se pretende alcanzar y que nunca termina de concretarse. Por otro lado, ordenó a los actores sociales alrededor del eje que define su ubicación en relación con la toma de decisiones y los dividió en decisores y afectados. Lo distintivo del sistema político actual es que se politizan los riesgos que los decisores toman en nombre de los afectados. En este nuevo contexto se pone en marcha el circuito de la política moderna: ante una situación conflictiva o riesgosa los decisores toman decisiones que afectan a los demás. Los afectados le piden a la política que enderece el rumbo, ante los posibles desastres que pueden acarrear esas decisiones. Conciliar la posición y los intereses de los decisores y los afectados requiere que los decisores acepten que trabajan o hacen su trabajo en situaciones bajo riesgo permanentes y los afectados asuman que ya no es posible reclamar vivir en situaciones bajo seguridad. En un contexto de este tipo, se invoca el diálogo que ahora significa aceptar el riesgo, contar con que el otro entiende las condiciones del caso y flexibilizar las posiciones para reformular las exigencias y los argumentos. En nuestro tiempo, a todo este juego, a toda esta representación se la llama Democracia.
Los riesgos económicos se definen por las diferencias de tiempo y velocidad en la utilización y circulación del dinero. Son riesgos de futuro. Estos riesgos nacen de la posibilidad de que los proyectos que las empresas elaboran para llevar adelante sus negocios no salgan como esperaban. En este sentido los riesgos están relacionados con la inversión y el crédito. La inversión puede que no dé los resultados que se esperaban y entonces las deudas contraídas no se puedan pagar. Esta posibilidad hace que los proyectos lleven consigo una cuota de incertidumbre. Lo que ocurre es que las incertidumbres no tienen un valor. Por eso, las empresas tienen que ponerle alguno a sus incertidumbres y eso significa transformarlas en un riesgo calculable. Una vez que el riesgo tiene un “valor”, entonces es posible comercializarlo en los mercados financieros donde se negocian esa clase de productos. Esa reformulación se impuso de dos maneras: una para los grandes inversores y otra para la gente de menores recursos. Las grandes empresas trasladaron su predisposición al riesgo de la economía de producción al mercado financiero y de acciones. Dentro de ese mercado intervienen operadores que compran y venden los riesgos asegurados con la expectativa de que en el futuro sean menos los riesgos que se concreten y más los que no tengan su peor desenlace. Se genera así un “mercado secundario de riesgos”, dentro del cual un primer comprador le vende a otro, y este a un tercero, y así sucesivamente aquellos riesgos asegurados originalmente, pero distorsionando en cada operación el precio de venta incorporándole las creencias del vendedor respecto de la posibilidad de que ese riesgo se materialice. Las condiciones económicas instauradas en el último cuarto del siglo XX también se volvieron propicias para reformular la estructura del sistema económico en función de la nueva realidad de los sectores populares. Junto con el surgimiento de los mercados derivados y futuros para los más ricos, se instaló con fuerza una forma de riesgo consistente en el crecimiento de los mercados de crédito para gente de medianos y bajos ingresos. El mejor ejemplo de esto es la expansión del uso de tarjetas de crédito en todos los segmentos de la población.

2. la estabilización de la informalidad

La comunicación política (el incremento de decisiones que, por sus efectos exigen tomar nuevas decisiones) y la comunicación económica (interminable cadena de pagos que permiten y reclaman la realización de otros pagos) aumentan la complejidad de los dos sistemas. La informalidad es, en un principio, un instrumento de simplificación o de reducción de complejidad. En su evolución se incorpora como un "mal necesario" de ambos sistemas que al normalizarse, naturalizarse y generalizarse pasa a formar parte de sus respectivas estructuras. La estabilización de la informalidad confronta con el cuerpo normativo e institucional que regula el funcionamiento legal de los dos sistemas y termina por convertirse en un subsistema dentro de la política y la economía. Dicho de otro modo la informalidad deja de ser un desvío y se convierte en un componente normal del funcionamiento político y económico.
Frente a la política formal que está orientada por reglas y por instituciones legítimamente constituidas, se posiciona la política informal que, por definición, es modificadora de reglas y “evitadora” de los caminos institucionales. La política informal se define por la cercanía y frecuencia de los contactos entre funcionarios y actores que no forman parte del núcleo sistema político (sobre todo los MMC y las corporaciones), pero que tienen influencia sobre él desde el lugar que ocupan en la periferia. Los contactos se vuelven decisivos para llevar adelante esas “prácticas de anticipación” propias del ejercicio del poder.
La corrupción política presenta una dimensión coyuntural definida por el logro inmediato de un beneficio de pequeña escala o pasajero (como contraprestación de una remuneración clandestina y del momento), y otra dimensión estructural definida por la permanencia de relaciones recíprocas entre empresas, partidos políticos e instituciones del Estado. El eslabón que une la corrupción con las instituciones del Estado y de los gobiernos es el funcionario público. El funcionario público corrupto es el que abre la puerta de las instituciones públicas al cliente que, en gran escala y de forma corporativa con otros grandes beneficiarios, pueden terminar apropiándose del Estado. Y una de las llaves principales para abrir esa puerta es el soborno, uno de los mecanismos principales de la corrupción.
La liberalización y desregulación de los mercados (tanto de bienes y servicios como de dinero) le abrió las puertas de la economía a la informalidad integrada por actividades que generan ingresos fuera del marco regulatorio del Estado y tienen similitudes con las que se llevan a cabo dentro de la economía formal. Aquellas transformaciones posicionaron a la informalidad como un componente más de la estructura del sistema económico contemporáneo. La informalidad, dentro del sistema económico presenta dos vertientes estrechamente entrelazadas:
a. La informalidad económica propiamente dicha es la que procede de la producción de bienes y servicios por afuera de los mecanismos de regulación legal y fiscal por parte del Estado y la consecuente comercialización de esa producción en el mercado negro, pero también en el mercado legal. Por eso las economías formal e informal están entrelazadas. Empresas que operan en la economía formal compran, venden y contratan en la economía informal. Por lo tanto, la informalización de la economía no queda circunscrita a un tipo de actividad (aunque es cierto que algunas, como la textil o la construcción son las que más utilizan esta vía); tampoco está compuesta por un grupo de sectores específicos, ni es sólo una actividad estratégica de supervivencia de los sectores más humildes. Más bien lo que la define es la transgresión de los límites impuestos desde la regulación del Estado.
b. La informalidad financiera es el complemento necesario de la informalidad económica. Como sabemos, el dinero se usa para comprar y vender bienes y servicios, contratar  mano de obra y pagar deudas. Sin embargo, distintos dineros están en relación con distintos mercados. El dinero legal circula en los mercados legales y en la mayor parte de los circuitos que integran la economía formal (la economía formal, como vimos, también se entrecruza con la informal). El dinero informal es el que circula en el mercado negro de dinero y, una variante de éste, es el dinero sucio que está en relación con mercados criminales e ilegales.

3. la expansión del crimen organizado en la estructura de los dos sistemas.

La criminalización del sistema político es el resultado del vínculo que existe entre los políticos (desde funcionarios de los gobiernos pasando por los legisladores hasta llegar a la oposición) y las organizaciones mafiosas. En general, la organización mafiosa trata de no confrontar con la política. La lógica que guía sus relaciones con el Estado es “vivir y dejar vivir”. Por eso, la relación con los políticos es, además de esencial, una relación de cercanía.
Las organizaciones mafiosas se constituyen en actores que operan en la periferia de la política, desde el mundo configurado dentro del subsistema económico. Con esto buscan la privatización del poder. Un rasgo que las identifica es la privatización de la violencia, y el efecto inmediato de la puesta en vigencia de este aspecto es la progresiva disolución del monopolio de la violencia pública legítima del Estado. El otro rasgo decisivo de estas organizaciones es el control de recursos financieros y votos con los cuales construyen sus propios medios de expresión de sus intereses, convirtiéndose así en grupos de presión político y económico con representación social. La relación de la política con las organizaciones mafiosas se instala dentro de un régimen que funciona sobre la base del trueque y el intercambio de favores. Sus demandas son: 1.Privilegios ilícitos (autorizaciones, adjudicaciones, subvenciones), 2. Benevolencia policial y judicial (en relación con investigaciones y sobreseimientos). Las organizaciones mafiosas recompensan estos favores con dinero y votos, criminalizando el sistema político.
La preferencia de las organizaciones mafiosas por la democracia es evaluada en términos de escenario fértil para los negocios, sobre todo por la libertad de empresa, sus rasgos procedimentales y las garantías procesales. Por eso, las democracias débiles son funcionales y propicias a la inserción mafiosa en el sistema político, porque les permite libertad de acción (civil y comercial) y les ofrece garantías (presunción de inocencia, etc.). Además, la represión legal a las organizaciones mafiosas es más efectista, “para la foto”, que real. Dentro de las democracias, también las elecciones son funcionales a estas organizaciones, porque son proclives a la manipulación: La ingenuidad democrática se aferra a la consigna según la cual el voto es la mejor manera de solucionar problemas políticos. Sin embargo, la aceptación de esta realidad requiere aceptar el costo que supone mantener viva la relación entre expansión de la apertura democrática y permeabilidad favorable al ingreso del crimen organizado en el orden global moderno. Esta relación termina en una paradoja tan visible como inquietante: el divorcio entre democracia y legalidad.
La economía basada en el crimen organizado presenta, en primer lugar, un conjunto de rubros o contenidos específicos: drogas, copias piratas, depredación de recursos naturales, lavado de dinero, guerras (comprende el tráfico y negocio de armas). Sin embargo, con independencia del rubro al que estén destinados los esfuerzos de los beneficiarios, lo que tienen en común todos estos actores es la obtención de logros económicos de gran escala. Para eso, en segundo término, tienen que hacer inversiones en infraestructura y logística. Con este paso lo que logran es instalar una economía paralela que, por falta de regulación, se integra al mercado mediante la oferta de bienes producidos ilegalmente, que circulan ilegalmente. Una vez instalados construyen una red de información, mercancías, dinero y personas que se manejan desde otros centros ubicados fuera de su espacio operativo. En esta instancia se hacen necesarios recursos y operadores que oficien como "puentes" entre lo ilegal y lo legal. Por ejemplo, en la tarea de lavar dinero son necesarias entidades financieras que funcionen en forma paralela a la economía formal, que tengan muy buenos vínculos con este sector y que estén especializadas en transferir dinero sucio de los países con mejores controles a los centros off shores que no exigen certificados de origen y no preguntan demasiado por la procedencia y el destino de los fondos. Para terminar, conviene recordar cuál es el circuito que recorren las prácticas económicas criminales y cuáles son los pasos que en un camino de doble vía, llevan de la economía ilegal/informal a la legal/formal: 1. asignación sucia de valor a productos que no pueden comercializarse dentro de la economía formal;  2. producción de mercancías ilegales;  3. realización de negocios dentro de la economía informal; 4. generación de dinero sucio; 5. lavado de dinero.


En resumen, Es imposible entender el funcionamiento de la política y la economía contemporáneas si no se asume que los riesgos, la informalidad y la criminalidad ya no pueden ser tomadas como desvíos, anomalías o patologías de un supuesto funcionamiento "normal", sino que esos programas pasaron a ser parte constitutiva de la nueva estructura funcional de esos dos sistemas sociales. Cada una de esas formas de operar se consolidaron como elementos estables de la dinámica política y económica de la época y ya no se las puede abordar como prácticas nocivas que hay que erradicar. Llama la atención que en los debates de la época este aspecto no ocupe el centro de los análisis ni las preocupaciones más inmediatas de políticos y economistas aun cuando, por supuesto, se mencionan, pero como “defectos” que hay que corregir, sin aceptar que al incorporarse a la estructura de la política y la economía ninguno de estos sistemas puede volver a ser lo que era.